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El PP veta una comisión de investigación sobre Les Arts

La propuesta de socialistas y Esquerra Unida quiere dilucidar la responsabilidad política de las irregularidades detectadas

El Partido Popular considera que el Gobierno valenciano ya ha hecho lo que  tenía que hacer respecto a las irregularidades  manifiestasy presuntas ilegalidades  detectadas desde 2008, y que ahora hay "que dejar que la justicia haga su trabajo". Es el resumen de la posición defendida este jueves en las Cortes Valencianas, reiteración de la esgrimida por la actual consejera de Cultura y portavoz del Consell María José Català dejó en manos de la Fiscalía la destitución de la intendente Helga Schmidt. Al día siguiente de su detención, fue suspendida de funciones. Schmidt está imputada por el juzgado de instrucción número 15 de Valencia como presunta autora de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Para el PP no hay responsabilidad política que dilucidar, a pesar de que las irregularidades detectadas se produjeron a la luz del día, según ha quedado manifiesto al  rechazar la comisión parlamentaria de investigación reclamada por el Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV). Los votos de la mayoría absoluta del PP se han impuesto a los de los demás grupos parlamentarios.

Para el diputado socialista JuanSoto, "ahora se ha visto que el fantasma de la ópera era un monstruo de dos cabezas, uno en el Palau de les Arts y otro en el de la Generalitat". Schmidt "no está dispuesta a comerse el marrón sola", ha añadido, a pesar de que el PP haya querido establecer "un cordón sanitario" en torno a la pura gestión administrativa del coliseo operístico. Quiere sabe "cuál fue la finalidad última de esa sociedad" captadora de patrocinios externos.

La iniciativa ha sido presentada por el PSPV y Esquerra Unida, después de que la exintendente del Palau de Les Arts, Helga Schimdt, fuera detenida el 20 de enero. A juicio de Elena Bonet,   la Generalitat "ha actuado correctamente y de acuerdo a la legalidad más exquisita".

El socialista Juan Soto ha instado a investigar si actuaciones relacionadas con el patrocinio a partir de la creación de una sociedad ueron "decisiones unilaterales" de Helga Schmidt, o si la autoría intelectual era compartida, pues, según ha afirmado, con "las injerencias políticas sistemáticas" en el Palau de Les Arts "tenemos indicios para pensar que hay corresponsabilidad política".

En ese sentido y para señalar injerencias políticas, Soto ha destacado que a Alvaro Pérez El Bigotes, de la red Gürtel, le abrió la puerta del Palau "un mediador político" para tratar de colocar sin éxito el musical Bienvenido Mr. Marshall. También ha apuntado  injerencias políticas para imponer, esta vez con éxito, Los Miserables, lo que retrasó el inicio de la temporada de ópera.

El diputado socialista estima que por la comisión de investigación  vetada por el PP deberían pasar los máximos responsables políticos de aquella etapa, desde Francisco Camps a los consejeros de Cultura Trini Miró y Alejandro Font de Mora, estos dos últimos sentados actualmente en la cámara, aquélla como diputada y éste como presidente de las Cortes.

Por su parte, la diputada de EUPV Esther López ha asegurado que los "muchos años oscuros" de la política cultural reflejada en el Palau de Les Arts merecen una investigación para "saber qué ha pasado con el dinero de los valencianos". López ha recordado que Schmidt incumplió la cláusula de exclusividad de un contrato por el que cobraba 13.000 euros al mes como salario, al formar parte la sociedad Patrocini de Les Arts, que percibía en concepto de mecenazgo un porcentaje de los contratos con patrocinadores del Palau.

La popular Elena Bonet ha repetido que al poco de conocer la denuncia de un extrabajador del Palau de les Arts -el informe Diógenes- se encargó "una investigación interna" y en menos de un año "se subsanaron los errores administrativos detectados". Aunque no se ha depurado ninguna responsabilidad hasta que se produjeron las detenciones de Helga Scmidt y el exgerente Ernesto Moreno, la diputada del PP ha defendido que se ha actuado "de manera rápida y contundente", de forma correcta y "de acuerdo a la legalidad más exquisita".

Mireia Mollà (Compromís) se ha preguntado por qué el Gobierno de Francisco Camps "mantuvo en cuarentena la denuncia del extrabajador" y por qué la Intervención "tardó casi un año en llevarlo a la Fiscalía", y ha reprochado a Bonet que acuse a la oposición de buscar titulares, cuando hace dos semanas era la Policía la que entraba en el Palau de Les Arts para detener a la intendente.

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