La fiscalía apoya recusar a un juez del ‘caso Betis’ por sus vínculos familiares

La Fiscalía de Sevilla apoya la recusación del magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle, ponente en numerosas resoluciones del caso Betis, por ser sobrino del vicepresidente de una de las acusaciones particulares en la causa, la Asociación Liga de Juristas Béticos. El ex consejero delegado del club de fútbol Manuel Ruiz de Lopera recusó al magistrado por este parentesco al estimar que altera su objetividad, y ahora el ministerio público está de acuerdo y cree que Calle debe apartarse del caso. La reprobación de un juez por un imputado es habitual, no así que la fiscalía la apoye y por tanto vea razones para secundarla, ya que los magistrados se inhiben en cuanto surgen vínculos familiares o de interés manifiesto para evitar dañar su debida imparcialidad.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, adscrito a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ha sido ponente de decenas de resoluciones que han apoyado la instrucción de la juez Mercedes Alaya y tumbado los recursos interpuestos por la defensa de Ruiz de Lopera. El juez es sobrino de Juan Calle Martínez, vicepresidente de la Asociación Liga de Juristas Béticos, personada como acusación particular en la instrucción que ha concluido esta semana. Y Lopera estima que ese vínculo familiar es motivo para que Calle se inhiba.

En la instrucción que dirige otra juez de la Audiencia para dilucidar el incidente procesal, la Fiscalía de Sevilla y el magistrado presentan argumentos enfrentados. Mientras que Calle defiende que la recusación está fuera de plazo al haber transcurrido más de 10 días desde que se conoció su parentesco familiar en 2010, la fiscal sostiene que la temporalidad se cuenta desde que se conoce la causa de recusación. “Esa relación familiar no era conocida ni notoria para las partes”, añaden fuentes del ministerio público.

El ministerio público argumenta que la recusación se justifica por la relación personal entre el juez y su tío como miembro de la asociación bética personada como acusación en el caso. Para ello aporta jurisprudencia. Por su parte, Calle arguye que según la ley no puede existir parentesco de consanguinidad entre el juez que juzga y la persona a la que se juzga, pero que este no es el caso. Calle alega que las partes personadas en el proceso son personas jurídicas —entre otras la Liga de Juristas Béticos— que engloban a más de 900 asociados entre las tres acusaciones particulares, y que en ningún caso se trata siquiera del representante legal de la Asociación Liga de Juristas Béticos, “sino de un socio más”. El abogado es vicepresidente de dicha asociación bética.

Calle añade que “es un magistrado más en una Sala donde las decisiones son colegiadas” y que en los procesos más complejos han sido adoptadas por unanimidad. En su recusación, Ruiz de Lopera, recuerda cómo las resoluciones dictadas por Calle “no solo son en su inmensa mayoría favorables a la acusación particular promovida por su tío carnal, sino por cuanto incluyeron descalificaciones reiteradas para la parte contraria”. Entre estos adjetivos destinados a los recursos de Lopera, destacan “alegación absurda”, “inconsistente”, “superflua”, “manifiestamente temeraria”, “despropósito” y “manifiestamente infundada”.

La Fiscalía de Sevilla tiene un precedente claro en el que apoyó otra recusación de un juez, la que afectaba a Mercedes Alaya, precisamente la instructora del caso Betis. En aquella ocasión, en 2010 el apoyo de la reprobación se basó en que Alaya investigaba la empresa Mercasevilla, auditada por su marido Jorge Castro hasta 2001. El juez instructor de la recusación estimó finalmente que la imparcialidad de Alaya permanecía intacta pese al trabajo realizado por su esposo en la firma.