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Asociaciones y Defensor critican la “ineficacia” de la Junta en Consumo

Maetzu aboga por sanciones “decididas” para acabar con las irregularidades

Jesús Maetzu, en un acto reciente con el exconsejero responsable de Consumo Diego Valderas. Ampliar foto
Jesús Maetzu, en un acto reciente con el exconsejero responsable de Consumo Diego Valderas.

Parada, con una ayuda social de poco más de 400 euros como único ingreso y con una hija a su cargo. En estas condiciones acudió una vecina de Gelves (Sevilla) a los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía, dependientes de la Consejería de Administración Local que dirigía Diego Valderas (IU), para una cuestión relacionada con el suministro de agua. “Ponga una demanda”, fue la respuesta que obtuvo. Solo las tasas le costarían casi lo mismo que recibe en un mes. Las organizaciones de consumidores critican abiertamente estos servicios y el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio. La Consejería no explicó el porqué de esta situación.

Seis años llevan ya algunas denuncias de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE) dando vueltas sin que la Administración intervenga, según advierte Juan Moreno, presidente de esta entidad. Asegura que hay un “importante deterioro de los servicios de la Junta” y lamenta que las “reclamaciones quedan a voluntad de las empresas".

Facua comparte el análisis y acusa a la Secretaría General de Consumo de “seguir sin actuar con contundencia ante los fraudes y no aplicar sanciones proporcionales a los mismos de forma disuasoria”. Esta federación criticó en una nota la falta de celeridad en tramitar las reclamaciones y afirma que la Junta “oculta las medidas que lleva a cabo ante las denuncias que interpone ante fraudes, que muchas veces se producen de forma masiva”.

La UCE tiene identificados desde 2009 hasta siete “productos milagro”, que ofrecen soluciones o efectos ficticios a partir de publicidad engañosa. En la mayoría de los casos, la Junta de Andalucía ha derivado la responsabilidad a otra comunidad o informado de que se ha reclamado documentación. Pero se han seguido comercializando e incluso la organización denunciante se ha visto obligada a retirar sus advertencias sobre este fraude al carecer del respaldo administrativo.

La Facua también ha advertido de que “siguen creciendo las reclamaciones” contra las compañías eléctricas por “ofertas comerciales engañosas en las que los supuestos descuentos acaban hinchando el importe de los recibos”. “Un fraude masivo ante el que ni el Gobierno central ni el autonómico están tomando medidas”, afirma la organización.

El efecto de esta situación, según advierte Juan Moreno, es una “tremenda frustración” en los consumidores al sentir que las Administraciones no garantizan la defensa de sus derechos.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio en la que advierte que la Administración tiene una potestad sancionadora que “debe ir orientada a favorecer el efecto disuasorio ante determinadas prácticas empresariales que redundan en perjuicio de las personas consumidoras”. Los usuarios, según el Defensor, quedan “a la voluntad de las empresas” y obligados a “costosos y lentos mecanismos judiciales para hacer valer su pretensión, lo que les lleva al desistimiento en la mayoría de los casos”.

Añade la oficina que dirige Jesús Maetzu que muchos incumplimientos de la norma son claros y que una respuesta sancionadora “decidida” ayudaría a erradicar estas irregularidades por el “efecto ejemplarizante”. En este sentido, se advierte también de que “la ineficacia del proceso sancionador” se suma muchas veces a que “la sanción impuesta puede resultar más beneficiosa que la comisión de la propia infracción”.

Las quejas

El Defensor ha incorporado a su acción de oficio, que incluirá el análisis de expedientes sancionadores desde 2012, las siguientes quejas recibidas sin que se den soluciones por parte de la Administración:

Retrasos en la tramitación de expedientes sancionadores y posible prescripción de las infracciones cometidas.

Falta de información de la Administración de consumo sobre las actuaciones que se hayan desarrollado tras la denuncia.

Disconformidad de la parte afectada por la infracción con la decisión administrativa de no sancionar, particularmente en relación con la falta de contestación en plazo a la hoja de reclamaciones por parte de la empresa reclamada.