Fiscalía dice que los 23 acusados eran “peones” de una decisión asamblearia

La Fiscalía ha mantenido la acusación contra los 23 jóvenes juzgados por ocupar un edificio en Rekalde (Bilbao) donde se ubicó la asociación cultural Kukutza y ha argumentado que estas personas fueron "peones" de una decisión asamblearia que intentaba evitar el desalojo de ese inmueble.

Según ha dicho en la sesión final de este juicio celebrada este viernes, todos los que "intervinieron" en esa decisión son responsables de la ocupación, pero solo han juzgado a 23 porque responden a la "foto fija" de las personas que se encontraban en el edificio el día del desalojo.

Dicho día, 21 de septiembre de 2011, la Ertzaintza desalojó a estas personas, que junto a otras 21, se encontraban en el edificio en el que Kukutza desarrolló sus actividades durante trece años.

La operación, que respondía a una orden judicial a requerimiento de la empresa propietaria del inmueble, la constructora Cabisa, originó numerosos incidentes tanto ese día como los posteriores, en los que se detuvo a un total de 64 personas.

La defensa dice que este caso pertenece a la jurisdicción civil y no a la penal

El Ministerio Público pide para los acusados una multa de 960 euros y, además, para uno de ellos, Oscar A., solicita también una pena de tres años y un día de prisión por un delito de atentado a la autoridad al considerar que, durante los incidentes, arrojó un bloque de hormigón contra unos agentes, a los que no alcanzó.

La identificación de este joven, según la fiscal, se establece porque era el único que presentaba una lesión por una pelota de goma, que un agente disparó contra la persona que lanzó el citado objeto.

Sobre la ocupación, ha recordado que Cabisa compró el inmueble en 1994 y Kukutza lo ocupó en 1998 en estado de abandono. Tras hacer hincapié en que no se juzgan las actividades culturales de Kukutza ni la "labor" que llevaba a cabo en el barrio, ha destacado que desde 1999 hasta 2011, la empresa intentó recuperar el inmueble en varias ocasiones, pagó los impuestos y contrató un seguro, pero Kukutza "ni intentó pedir su consentimiento, ni se planteó mudarse a otro local".

Los abogados defensores han argumentado su petición de absolución, precisamente, en lo contrario. Según su discurso, Cabisa "no manifestó una voluntad expresa" de recuperar el inmueble desde 1999 hasta 2011 por lo que se daba por hecho que "toleraba" la ocupación.

En su opinión, este caso pertenece a la jurisdicción civil y no a la penal, y según han asegurado, supone "un exceso" y "casi un fraude de ley" que después de más de once años, Cabisa presente una denuncia penal, lo que han enmarcado en un "contexto de especulación inmobiliaria y para conseguir un desalojo seguido de una orden de derribo del edificio". Según han destacado, tres años después del desalojo, el solar permanece vacío y sin obras.

Respecto al joven acusado de un delito de atentado a la autoridad, su abogado ha afirmado que durante el proceso únicamente se le ha informado de que se le acusaba de un delito de usurpación de inmueble y, por tanto, este "error" determina la nulidad de las actuaciones y de la acusación.

Además, ha criticado que la "única" prueba en su contra consiste en que solo él presentaba una lesión causada por una pelota de goma. "Se ha pretendido buscar una cabeza de turco para dar verosimilitud a una película improbable de que dentro del edificio se desarrolló una batalla contra la Ertzaintza, cuando únicamente se intentó dificultar el acceso policial", ha dicho.