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El juicio contra Dani Fernández y Manuel Bustos, visto para sentencia

El fiscal pide dos años de prisión para los políticos socialistas por el enchufe de un excargo del tripartito

Dani Fernández, Manuel Bustos, Francisco Bustos y María Elena Pérez, en el banquillo.
Dani Fernández, Manuel Bustos, Francisco Bustos y María Elena Pérez, en el banquillo.

La primera pieza del macrocaso Mercurio, de corrupción organizada en el Ayuntamiento de Sabadell (formada por una treintena de piezas) ha quedado vista para sentencia este viernes. Después de dos días de juicio, el juez deberá pronunciarse ahora sobre el grado de influencia que ejercieron Dani Fernández, exsecretario de organización del PSC, Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell, y su hermano Francisco, responsable del partido en el Vallès Occidental sur en la contratación de Carmina Llumà, ex alto cargo del gobierno tripartito. El fiscal pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación para Fernández y los Bustos, a los que acusa de tráfico de influencias por presionar a la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, (que se enfrenta a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por tráfico de influencias y prevaricación) para que contratara a Llumà. La defensa pide la absolución porque niega la existencia de presiones.

Los hechos se remontan a 2012 cuando Carmina Llumà ganó la plaza como directora del Área de Territorio en el Ayuntamiento de Montcada a pesar de que durante el proceso de selección los técnicos de recursos humanos emitieron un informe donde la calificaban como “no apta”. Las conversaciones telefónicas intervenidas a raíz del caso Mercurio revelaron el interés de Dani Fernández y los hermanos Bustos porque Llumà obtuviera la plaza y cómo se mueven para “presionar” a la alcaldesa.

Según el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, la intervención de Fernández y los Bustos fue clave y eso queda demostrado, ha argumentado, por la proximidad entre las fechas entre las llamadas telefónicas y el cambio de calificación de la candidata. “Solo así se explica el repentino cambio de criterio [en la evaluación de Llumà] y la adulteración del proceso de selección”, ha apuntado. Fernández y los hermanos habrían utilizado su superioridad en la jerarquía del partido, según el fiscal, para influir en la alcaldesa de Montcada.

De hecho, voces del mismo PSC de Montcada y del Vallès Occidental apuntaban en 2010 que los Bustos influyeron en la elección de Pérez como alcaldesa, entonces secretaria de la Federación del Vallès Occidental Sur (que dirige Francisco Bustos). Pérez no era regidora y cuatro miembros del partido tuvieron que renunciar al acta de regidora para que la acusada pudiera acceder al Ayuntamiento y ser nombrada alcaldesa.

Para la defensa no existió esta influencia de los cargos del PSC, ya que era la alcaldesa de Montcada quien tenía interés en contratar a Llumà porque la consideraba la mejor candidata. “No hay tráfico de influencias porque la opinión era la misma”, ha defendido el abogado Cristóbal Martell, quien ha recordado que el cambio en la evaluación de la candidata se hace horas antes de que la alcaldesa se reúna con Fernández.

La defensa pide la absolución y la anulación de los pinchazos telefónicos

El fiscal pone el foco del caso en los hermanos y en Fernández. Para Bermejo, “la alcaldesa quiso hacer las cosas bien” creando un concurso de méritos para cubrir una plaza eventual (que normalmente ocupa con un nombramiento a dedo), pero “en las escuchas queda probado cómo los Bustos quieren interferir”, ha alegado el fiscal. Para ello, se remonta al origen del caso, en que Manuel Bustos llama a su hermano para preguntarle si conoce algún puesto para colocar a Carmina Llumà, esposa del jefe de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sabadell. “¿Te acuerdas de la mujer del Marcel que estaba en el mercao y tal... ¿Tienes algún sitio por ahí que tengamos necesidad?”, pregunta el alcalde. La defensa, en cambio, ha sostenido que fue María Elena Pérez la que empezó a dar voces por el partido porque necesitaba cubrir la plaza de director del Área de Territorio, que había quedado vacante.

La acusación particular, ejercida por la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha recordado que las bases del concurso, aprobadas por la Junta de Gobierno de Montcada eran vinculantes y que si alguien no superaba una prueba (Llumà no aprobó el psicotécnico) debía quedar fuera del concurso. Para esta parte, la intención es que esta candidata ganara la plaza. “Se baja a un nivel tan bajo que no había otra salida que declararla apta”, ha subrayado el abogado Raúl García Barroso, citando el testimonio de las técnicas de recursos humanos que admitieron este extremo en la vista del jueves, aunque aseguraron que no recibieron presiones para modificar los criterios. La defensa ha quitado hierro al suspenso inicial de Llumà asegurando que se trataba de un “informe previo” y de un “borrador”.

El pilar básico de la defensa se basa en anular las escuchas telefónicas. El abogado defensor considera que los casi dos años en que el alcalde de Sabadell tuvo el teléfono pinchado son una muestra que se “iba de pesca, a ver si encuentro algo contra Bustos”. Pero para el fiscal reflejan un “sin vivir de corrupción” e incidió en la paradoja que los acusados repitieran como un mantra que no reconocían las grabaciones que se reprodujeron durante el juicio y, en cambio, no dejaran de comentarlas y justificarlas constantemente.