El juez rechaza el recurso de Montoro contra las plazas de 56 profesores

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 10 de Valencia, favorable a dos concursos de la Universitat de València para proveer 56 plazas docentes, es la primera de esta envergadura y repercusión que desestima los recursos del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro interpuso contra varias convocatorias universitarias de 2012. En junio de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se pronunció en contra de la impugnación de otra convocatoria similar aunque con menos plazas. Con anterioridad se habían producido sentencias favorables al Gobierno en Andalucía y Galicia.

En total, el Gobierno impugnó 250 plazas de catedráticos y profesores universitarios de 15 universidades por, supuestamente, infringir el Decreto-Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, así como el artículo 23.1.1.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012.  En el caso de la Universitat de València, el objeto de la impugnación ministerial eran dos concursos para la provisión de 29 plazas del Cuerpo de Catedráticos de universidad y 27 de Profesores Titulares. Buena parte de estos profesores forman parte del proedimiento como codemandados. La Universidad Jaume I de Castellón tiene también impugnadas 17 plazas docentes.

El juzgado valenciano considera que a los procesos selectivos impugnados no se les puede aplicar la limitación del referido artículo de la ley de presupuestos "por razones temporales" y que "tampoco quedan comprendidos" en el decreto ley de restricciones "por tratarse de personal sometido a la Ley Orgánica de Universidades" de 2001. Por tanto, el tribunal considera conformes a derecho los actos impugnados. La Abogacía del Estado, no obstante, ha recurrido la decisión del juzgado valenciano, por lo que no es firme.

FETE-UGT PV ha sido la primera en dar a conocer y celebrar el fallo judicial y recuerda que también se encuentran recurridas 55 plazas de “contratado-doctor” por considerarse también que vulneraban la tasa de reposición del 10% recogida en el decreto citado.  Por su parte, la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, María Vicenta Mestre, subrayó que la sentencia "respalda  la política de Promoción del Profesorado de la universidad".

En mayo de 2014, los rectores de las universidades afectadas enviaron una carta al Ministerio en la que "a fin de evitar el desgaste institucional que el mantenimiento de estos procedmientos está provocando" a las instituciones implicadas y, "sobre todo los perjuicios de imposible reparación que está provocando a las personas afectadas", rogaban abrir paso a "una solución extrajudicial".  El ministerio no atendió este ruego y siguió con los procedimientos judiciales que, hasta ese momento le había sido favorables.