Un juzgado abre la causa contra el proyecto Castor y cita a 18 imputados

El juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs (Castellón) ha decidido este lunes abrir una causa por las supuestas irregularidades en la tramitación de los permisos del proyecto Castor, el almacén de gas submarino que tuvo que ser paralizado tras desencadenar una serie de terremotos. La apertura de la causa se produce después de la denuncia presentada por la fiscalía. En total, el juzgado imputa a 18 personas por presuntos delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La juez Carmen Ballesteros tomará declaración a cuatro miembros del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), a dos ex directores generales del Ministerio de Industria y a otros tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente (entre ellos otra directora general). Todos participaron en la tramitación y aprobación del proyecto y la juez les achaca presuntos delitos de prevaricación medioambiental. También ve posibles responsabilidades en la empresa encargada de Castor, Escal-UGS, y cita como imputados a todo el consejo de administración y al representante legal de la mercantil. En total, otras nueve personas imputadas por posibles delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El auto de apertura de procedimiento abreviado recoge la denuncia presentada a finales de diciembre por la Fiscalía de Castellón. En ella se acusa al ex director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009, Jorge Sanz Olivas, que encargó el informe al IGME que validó el proyecto en 2007 y que fue aceptado "tal cual" por este en la posterior concesión de la explotación de Castor a Escal-UGS. En ese informe no se abordó el riesgo sísmico. Junto a Oliva están imputados los cuatro redactores del informe del IGME.

La segunda de las acusaciones se dirige contra los responsables de otorgar en 2009 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que tampoco analizó el riesgo sísmico. La juez tomará declaración al redactor del documento, José Manuel Escanilla, y a Miguel Aymerich Huyghues, que dio el visto bueno al documento. Además, también está imputada la ex directora general de Evaluación Ambiental en esa etapa, María Jesús Rodríguez Sancho.

El otro ex director general del Ministerio de Industria imputado es Antonio Hernández García. Tendrá que declarar por la resolución de 2010 en la que se otorgó a Escal-UGS la autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto. Según la fiscalía, no incluyó "ningún condicionante" al proyecto, ni solicitó aclaraciones ni nuevos estudios tras la DIA. Por último, se acusa a Escal-UGS de obviar las "advertencias y requerimientos" para introducir un estudio sísmico y medido para minimizar el riesgo de terremotos. Según el escrito, la Administración le "exigió" que lo incluyera en su estudio de impacto ambiental, pero la empresa dijo que era innecesario. La Administración lo admitió y dio el visto bueno al proyecto.

El auto recoge un informe de la unidad técnica de la fiscalía especializada de Medio Ambiente en la que se dice que la mercantil "no solo no aporta estudio alguno, sino que se aparta de la actuación responsable, puesto que el órgano ambiental le exigió que los efectuara". La fiscalía también afirma que la empresa tenía informes que apuntaban a que la falla de Castor podría provocar terremotos. A la empresa también se le atribuye un posible delito contra el medio ambiente por hacer "caso omiso" de las advertencias por seísmos del Observatorio del Ebro y no parar de aportar gas hasta concluir la última fase de inyección del gas colchón.

Fue esta operación la que causó la crisis sísmica en el norte de Castellón y sur de Tarragona, que provocó la paralización del proyecto y la apertura de la investigación de la fiscalía. Las diligencias del Ministerio Público se cerraron el 4 de octubre. El día antes, el Consejo de Ministros aprobó el pago de 1.350 millones al propietario de Castor. La denuncia del fiscal no se conoció hasta diciembre. Esquerra Unida trató de que se investigara el citado pago, pero la fiscalía lo descartó, entre otras cosas, por tratarse de una decisión del Consejo de Ministros que no entraba en el ámbito de la fiscalía provincial.