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La Politécnica insiste en un ERE a 75 trabajadores

El Supremo condenó a la universidad a readmitirlos el pasado julio

Protestas de trabajadores de la Politécnica en 2013. Ampliar foto
Protestas de trabajadores de la Politécnica en 2013.

La Universidad Politécnica de Madrid retomó el pasado viernes el despido de 75 de los 156 trabajadores (personal laboral interino) que tuvo que readmitir el pasado julio, forzado por una sentencia del Tribunal Supremo, que los declaró nulos. Santiago Cuesta, secretario de Universidad de la Federación Regional de Enseñanza de CC OO, critica el proceso de despido colectivo “como moralmente impresentable”. Ahora se abre un período de consultas en el que una comisión, con representación de empresa y trabajadores, dispondrá de un plazo de un mes para encontrar un acuerdo. Los sindicatos temían desde el verano un nuevo proceso de despido colectivo tras la readmisión de los trabajadores. Seis meses después de la sentencia del Supremo, sus temores se han cumplido.

El rector, Carlos Conde, comunicó la decisión mediante un correo electrónico a los comités de empresa del personal laboral (administración y servicios y docente e investigador) y a los sindicatos con representación en dichos órganos en el que apeló a la “difícil situación económica” por la “drástica reducción” de la financiación pública que recibía de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo autonómico recortó el presupuesto para nominativa (dedicado fundamentalmente al pago de sueldos) en 36,6 millones en 2013 y 46,5 en 2014, de acuerdo con las estimaciones oficiales del campus.

La polémica por los despidos en la universidad se remonta a abril de 2013, cuando la Politécnica despidió a 301 empleados: 156 formaban parte del personal laboral interino por vacante y 145 del personal de administración y servicios funcionario. La plantilla la formaban entonces más de 5.600 empleados. El Supremo obligó al rectorado a readmitir a partir del pasado 1 de agosto a 156 trabajadores del personal laboral interino. Además, la universidad también debía abonarles el salario acumulado desde que abril de 2013. El salario de los despedidos (bedeles, técnicos de laboratorio, etcétera) era de entre 15.000 a 33.000 euros anuales.

Santiago Cuesta critica que los despidos estaban “injustificados”. “El rectorado no aportó documentos que los justificasen”, apunta, mientras subraya que los despidos “afectaban a los colectivos más vulnerables”, especialmente a “buena parte” del personal temporal (15% de los trabajadores de administración y servicios).

Los gestores de la universidad madrileña señalan que, una vez readmitidos los trabajadores en agosto, en cumplimiento del fallo del Supremo, “al no existir las plazas porque fueron amortizadas, una buena parte de ellos” optó “por extinguir su relación laboral”.

Comisiones Obreras destaca que los trabajadores afectados acudían a sus centros y cobraban, pero sin que la universidad les dejara trabajar. Fuentes universitarias indican que parte de los empleados se terminaron desvinculando de la Politécnica mediante despidos improcedentes con una indemnización de 45 días por año trabajado.

A los empleados que rechazaron esta oferta, con la voluntad de seguir trabajando, la universidad les despedía por causas objetivas con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo del salario de un año, indica Comisiones Obreras.

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