Alaya ignora al Supremo e insiste en que el ‘caso ERE’ es inescindible

La juez Mercedes Alaya insiste en su tesis: el caso ERE debe permanecer unido y no desgajarse en diferentes procedimientos, a pesar de que afecte a diferentes políticos aforados y a decenas de empresas y trabajadores. Y sobre todo, a pesar de que el Tribunal Supremo haya apoyado a la fiscalía para que la causa sea dividida en tres sedes judiciales: el Supremo para los aforados del Congreso y el Senado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para los diputados del Parlamento andaluz y el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para el resto (intrusos, empresarios, sindicalistas y otros políticos). Sin embargo, Alaya volvió ayer a subrayar que la causa es “inescindible”, como ha expresado en numerosos autos, al remitir ayer al TSJA la exposición razonada sobre los indicios contra los exconsejeros aforados Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo.

Tras enviar la exposición razonada al Supremo el pasado verano, Alaya culminó la semana pasada los indicios contra los exconsejeros hoy diputados autonómicos, y ayer el alto tribunal andaluz recibió dos tomos y nueve anexos. Uno de ellos incluye la exposición razonada enviada al Supremo y otro la del TSJA, que consta de 73 folios. Los nueve anexos incluyen “algunas de las resoluciones más importantes de la causa”, resumió ayer en un comunicado el alto tribunal andaluz. En paralelo, Alaya ha remitido el caso completo en 23 DVD a los dos jueces que estudiarán la admisión de la causa, Miguel Pasquau y Lorenzo del Río (este último presidente de la Sala de lo Civil y Penal y del TSJA).

Ahora los magistrados darán traslado al fiscal superior, Jesús García Calderón, para que opine sobre si debe admitirse a trámite la causa e iniciarse el procedimiento. El fiscal se pronunciará al respecto en una semana. Eso sí, sin entrar al fondo de la cuestión, ya que para ello deberá empaparse de la causa, que hasta ahora acumula 243 tomos y 91.200 folios, sin contar unos anexos de documentación oficial de los ERE que puede superar los 300.000 folios, un volumen difícilmente manejable en pocos días. Finalmente, tras el dictamen del fiscal la sala decidirá si admite a trámite la causa de Alaya y nombra un instructor que previsiblemente será Pasquau.

La decisión de Alaya es controvertida por la prolongada oposición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía escindir el caso para ganar en celeridad, pero sobre todo porque la Sala de Admisión del Supremo apoyó a la fiscalía. Pero en cierto modo encaja con el carácter perseverante de Alaya. Ayer fuentes jurídicas defendían tanto el derecho de la instructora para mantener su tesis, como el poco recorrido que tiene esta opinión al existir ya un pronunciamiento al respecto del Supremo, la máxima autoridad judicial.

“Todavía no se sabe si hay causa. Existirá cuando el instructor del Supremo lo diga y llegue el suplicatorio de las Cortes. Aún no hay folio 1. Ahora estamos en una preinvestigación para confirmar o desmentir los indicios presentados por Alaya y decidir si son delictivos”, esgrimían fuentes del caso para defender que la juez es consecuente al defender su idea de que el caso forma un todo inseparable.

Mientras, otras fuentes recordaban que la intención de la magistrada choca contra un muro infranqueable a estas alturas. “Ella se empeña en mantener su criterio a salvo del Supremo. Es fiel a su criterio, pero veo poco probable ese giro y el Supremo ha entendido que se puede escindir, de hecho se ha escindido. Lo veo estéril y es un cierto empecinamiento que podría haber corregido, quizás habría sido lo más lógico”, estiman dichas fuentes. Lo cierto es que el auto de la Sala de lo Penal del Supremo zanjaba que el caso se debe dividir y dejaba poco margen a la interpretación. Otra cosa es que el instructor, Alberto Jorge Barreiro, después de investigar y conocer la causa a fondo, concluya que Alaya tiene razón y efectivamente la conexidad de los delitos imposibilita que los 229 imputados sean investigados y enjuiciados por separado.

Los magistrados concluían en su auto del pasado 13 de noviembre: “Estas cifras [100.000 folios y 200 imputados] hacen inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto y obligan a adoptar fórmulas que faciliten el tratamiento procesal de imputados y hechos. Sobre este particular, ya la Sala II ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre las consecuencias perniciosas de los llamados macroprocesos”.

Los jueces subrayaban cómo la investigación es “ciertamente escindible del resto de la instrucción judicial” dado que la propia Alaya separaba la fase de ideación y diseño del fondo de los ERE de la ejecución administrativa y material del mismo. Sin embargo, la misma resolución matiza que el criterio de la Sala es “a priori”, y avanza que la investigación puede hacer aconsejable incluir a personas no aforadas dada la conexión material inescindible con los aforados. Ahora el TSJA debe alinearse con Alaya o con el Supremo y la Fiscalía Anticorrupción.