BBK, Kutxa y Vital estudian si el Gobierno se extralimita con nueva ley

Las tres cajas vascas - BBK, Kutxa y Vital -  están dándole vueltas a la posibilidad de presentar alegaciones contra el anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias aprobado por el Gobierno el pasado martes al entender que el control que quiere ejercer el Gobierno sobre los incrementos y ventas patrimoniales, además de sobre las prioridades de inversión en los fondos de la Obra Social, es cuestionable.

Portavoces de las tres entidades quieren dilucidar, en los veinte días de que disponen de plazo, si el Gobierno vasco se ha extralimitado al reservarse la posibilidad de fijar directrices generales de las necesidades de las tres obras sociales.

Aunque el texto, que ha iniciado la fase de debate público, añade que se hará respetando la “libertad de elección” de las fundaciones bancarias hay fuentes que consideran que supone un excesivo intervencionismo en la obra social.

La nueva normativa establece además otros mecanismos de control como que las fundaciones que quieran hacer "adquisiciones y enajenaciones" que superen el 5% del activo de la entidad necesitarán de una autorización del Gobierno vasco. El texto señala asimismo que los activos de las fundaciones se invertirán “atendiendo a los principios de diversificación, seguridad, prudencia en la gestión de riesgos, transparencia y buen gobierno” y que, en cualquier caso, las inversiones inmobiliarias no podrán superar el 25 % del total de su patrimonio. BBK no decidirá hasta la próxima semana si las presenta finalmente ya que está estudiando “en profundidad” el texto de 57 páginas. 

El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, aseguró al aprobar la norma que es una adaptación de la ley estatal y que, en sus líneas generales, mantiene la actual regulación. El consejero dijo que el texto establece el mismo seguimiento y control para las fundaciones bancarias que el que ha tenido hasta ahora el Gobierno vasco con las cajas de ahorros vascas. Una vez que concluya la fase de consulta pública y alegaciones, se redactará el proyecto de ley y a partir de ese momento comenzará la fase de tramitación parlamentaria, en la que también podrían producirse modificaciones en el articulado.