Otros tres imputados por supuestos sobornos de Ortiz a Alperi

El juez que indaga las supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante interrogará como imputadas a tres personas que supuestamente actuaron como intermediarias en el pago de sobornos del constructor Enrique Ortiz al exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Las comparecencias de estos tres sospechosos, que elevan a 22 el número de imputados en esta pieza separada del caso Brugal, han sido fijadas inicialmente para el próximo 17 de febrero. Los nuevos encausados son un directivo de las empresas de Ortiz, Santiago B. G.; el hermano del empresario, Virgilio, y el apoderado de una cuenta bancaria de la mercantil Asegur Ingeniería del Fuego, SL.

Dos de ellos ya fueron interrogados en comisaría en calidad de imputados por agentes la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de diciembre. El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha resuelto ahora citarlos en sede judicial tras analizar el último informe de la UDEF, que les implica en los supuestos sobornos abonados por Ortiz a Díaz Alperi.

Tanto el promotor inmobiliario como el exregidor y su sucesora en la alcaldía de Alicante, Sonia Castedo, están imputados en esta causa judicial junto al arquitecto responsable del PGOU, Jesús Quesada, antiguos directivos de CAM y Bancaixa y diversos empresarios.

La Policía ha reconstruido dos "operaciones de cohecho" llevadas a cabo presuntamente entre Ortiz y Díaz Alperi con la intermediación de algunas personas del entorno familiar y laboral del primero. La UDEF ha concluido que Ortiz pagó al antiguo cargo del PP 174.007 euros para "compensar el precio pagado" por su hija, la también diputada autonómica Elisa Díaz, por la compra de un bungaló para el que firmó una hipoteca.

Ese dinero, siempre según el informe policial fechado el pasado 16 de diciembre, salió de una cuenta bancaria a nombre de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Hospital Elche-Crevillente, a través de un pagaré en favor de la firma Asegur Ingeniería del Fuego SL por un trabajo "falso" que esta última sociedad habría realizado para la anterior.

Los 174.007 euros fueron extraídos en efectivo el 25 de octubre de 2008 por uno de los sospechosos que ahora sido llamado a declarar, Pablo R. P., apoderado de la cuenta de Asegur donde se consignó el pagaré. Esa cuenta fue abierta el mismo día de la operación y cancelada apenas tres meses después, lo que lleva a pensar a los administradores que era una cuenta "ad hoc" para ejecutar el cohecho.

La Policía sostiene que tanto Santiago B. G. como Virgilio O. S. intermediaron en esta maquinación. En concreto, el segundo llevó presuntamente a su hermano Enrique Ortiz, a su yate, la cantidad destinada a compensar el dinero que Elisa Díaz debía pagar al banco por la hipoteca de su casa.

Los investigadores también implican a los nuevos imputados en la extracción en efectivo de otros 150.000 euros el 24 de octubre de 2008, un dinero que luego entregaron a la mujer de Ortiz, la también imputada María Manuela Carratalá, y que, según se recoge en el informe de la UDEF, podría haber servido igualmente para sobornar a Díaz Alperi.