La Audiencia Nacional ordena juzgar a la antigua cúpula de NCG

El que durante décadas fue uno de los hombres más poderosos de Galicia tendrá que afrontar la próxima primavera, a sus 84 años, uno de los peores trances de su vida. Julio Fernández Gayoso, antiguo presidente de Caixanova y luego de la entidad nacida de su fusión con Caixa Galicia, se sentará, a partir del 18 de mayo, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a otros cuatro exdirectivos de la compañía. El fiscal acusa a Gayoso de propiciar que los antigos ejecutivos que compartirán banquillo con él se apropiasen de 18,9 millones de euros en prejubilaciones autoconcedidas. Pide para ellos tres años de cárcel y que devuelvan las cantidades cobradas indebidamente.

 Los otros cuatro acusados son el que fuera director general de Caixanova y posteriormente de Novacaixagalicia (NCG) José Luis Pego; el exdirector general adjunto Javier García de Paredes; los exdirectivos Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, así como el abogado Ricardo Pradas

Tanto el juez que instruyó el caso, Ismael Moreno, como el ministerio público consideran que Gayoso consintió una maniobra fraudulenta para permitir que Pego cobrase 7,7 millones de euros de prejubilación, García de Paredes 5,6 millones, Gorriarán 4,8 y Rodríguez Estrada 691.261 euros. El juez Moreno señala que, a mediados de 2010, tras la fusión de las cajas gallegas y la primera petición de ayuda al Estado de 1.162 millones de euros, Pego, Estrada y Gorriarán, todos de la cúpula de Caixanova, acordaron con Gayoso “mejorar sus contratos de alta dirección” para “preparar su previsible y futura salida de la entidad”.

Posteriormente, formalizaron un contrato similar con García de Paredes, que se había incorporado a la dirección de NCG procedente de Caixa Galicia. Según el juez y el fiscal, consiguieron que la entidad resultante de la fusión de las dos cajas se subrogase esos contratos “con abuso de confianza y engañando al Consejo de Administración”, que los aprobó sin conocer las cantidades que estipulaban. Los detalles legales fueron supervisiados por el abogado Ricardo Pradas, también acusado.