El robo de piñas piñoneras destapa un lucrativo negocio desregulado

El teniente del Seprona Marcos Santos no pudo ocultar su sorpresa cuando el pasado mes de marzo le llamaron desde la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad para advertirle de que estaba habiendo robos sistemáticos de piñas piñoneras en los montes de Madrid. Hasta entonces no habían recibido importantes denuncias al respecto, pese a que —contra la idea generalizada de que “las piñas del campo se pueden coger”— se trata de un fruto preciado del que no puede apoderarse cualquiera. Y menos cuando hay gente que paga hasta 200.000 euros a los ayuntamientos propietarios de esos pinares para su aprovechamiento.

En Madrid se calcula que hay unas 15.000 hectáreas de pinares piñoneros

Pero hay quienes, a sabiendas de que no se las pueden llevar, falsean —como se comprobó en este caso— las facturas, los derechos de explotación de parcelas o lo que haga falta con tal de apropiarse de ese oro sin brillo alguno, asilvestrado, que pasa desapercibido y que crece en los montes caprichosamente en función de la lluvia. Sus frutos, los piñones, se cotizan en el mercado hasta a 80 euros el kilo. La mayor parte se exportan a Italia para hacer pesto. Se trata de una pequeña industria, formada por una piña de familias —pocas decenas en toda España— que mueven entre 100 y 150 millones de euros al año.

Los robos continuados en 2007 en la zona de Castilla y León —unas 200.000 hectáreas de monte de pinos piñoneros— y la venta de piñas en el mercado negro obligó a la Junta de dicha comunidad a regular un lucrativo sector casi olvidado, cuyo epicentro espñaol —entre 30 y 40 empresas y cooperativas que dan trabajo a unas 5.000 personas— se encuentra en La Pedraja del Portillo (Valladolid), donde se procesan la mayor parte de los millones de kilos de ese fruto que se recogen en España al año. En Madrid, con entre 15.000 y 20.000 hectáreas de pinares piñoneros, en años buenos se llega a los cinco millones de kilos de piñas, según datos del Grupo de Piñeros del Valle del Tietar. Sin embargo, en una región en la que —“hasta que ha llegado la crisis y el paro”— no se habían detectado hurtos importantes, la regulación de este pequeño sector está tan asilvestrada como los montes y es casi inexistente.

De cada 100 kilos de piñas se obtienen entre tres y cuatro de piñones. El resto, la cáscara, se vende a unos 10 céntimos el kilo por su poder calorífico, bien sea para utilizarlo como biomasa o como pellet para estufas.

En Madrid son cinco o seis solamente los piñeros. Familias de abuelos, padres e hijos, que se han dedicado a la recolecta de piñas “de toda la vida”. Antes, colgándose de los árboles. Ahora con máquinas zarandeadoras de pinos, “similares a las que se utilizan para la aceituna”, explica uno de los piñeros madrileños que prefiere mantener su anonimato.

La región produce hasta cinco millones de kilos de piñas

El pino piñonero es un árbol vecero, es decir, de una producción irregular. La recogida de piñas se realiza entre noviembre y abril. Los piñeros pujan en las subastas de los ayuntamientos, titulares mayoritarios de los pinares. “Hacemos inversiones de hasta 200.000 euros para que luego llegue un listo y se lleve las piñas y las venda al mejor postor”, dice otro piñero de Cenicientos.

Los pinares son un foco de ingresos para las raquíticas arcas de los consistorios de la zona del Valle del Tietar, pero se han convertido en un problema para los alcaldes que, incapaces de garantizar la seguridad y la vigilancia de los montes, deben soportar las continuas denuncias de robos de parte de los piñeros.

La investigación llevada a cabo por el Seprona en esa zona del suroeste madrileño (Robledo de Chavela, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios, Valdequemada y Cenicientos), bajo el nombre de Operación Pinae y con el teniente Santos a la cabeza, sigue su curso desde que se inició en marzo. De momento, se han incautado 120.000 kilos de piñas robadas con un valor aproximado de unos 800.000 euros en el mercado y se han detectado 49 facturas falsas, “pero quedan muchas más por analizar”, asegura el teniente. Cuatro ciudadanos españoles —de entre 25 y 45 años— han sido acusados de fraude por “receptación, falsificación documental y revelación de secretos”.

El sistema de la red desmantelada consistía en pujar a precios muy baratos (unos 2.000 euros) por montes que apenas tenían piñas para blanquear las que robaban —o compraban robadas a particulares— de otros pinares mucho más fructíferos pero cuyo aprovechamiento había sido pagado ya por otros a precios mucho más altos (hasta 200.000 euros). Todo un mercado negro entorno a las piñas y los piñones.

“Yo he perdido por los robos unos 40.000 euros este año”, reconoce un piñero histórico de la zona. “Si esto sigue así tendré que dejarlo porque ya no es como antes”, se lamenta. “Cuando pillas a alguien robando se te encara, mientras en otros tiempos la gente se avergonzaba y te devolvía lo que era tuyo; y si les coges vendiendo o comprando piñas robadas, te enfrentas a la amenaza física, no merece la pena”.

La solución, a juicio de los afectados, pasa por regularizar —como hizo la Junta de Castilla y León— el sector, creando un sistema de trazabilidad de las piñas que permita su seguimiento y certificación: de dónde vienen, adónde van y por dónde pasan.