Terror antiterrorista

Desde los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y el pánico global que les siguió, la Unión Europea ha aprobado 239 medidas antiterroristas entre directivas, reglamentos y decisiones marco. Medidas que no han sido capaces de evitar el 11-M en Madrid, la matanza de Utoya, la masacre de París ni los 153 actos terroristas que, según Europol, ocurrieron en Europa sólo en 2013.

Evidentemente, nunca sabremos cuántos podrían haberse producido si estas medidas no hubieran existido, pero es relevante que en la mayoría de estas políticas el Parlamento Europeo ni siquiera haya intervenido de forma vinculante y que su impacto jamás haya sido evaluado de forma sistemática. Es sorprendente también que en el caso de París, tanto los terroristas como el objetivo, la redacción de Charlie Hebdo, estuvieran ya bajo vigilancia. Preguntarse qué ha fallado en los mecanismos existentes parece que debería emerger como la principal cuestión en estos días.

Y sin embargo, parece que la propuesta que emerge desde Europa es una patada para adelante. Más medidas. Ninguna reflexión. Ninguna evaluación. Los ministros de Interior de países como España han relanzado esta semana la campaña para aprobar a nivel europeo el registro de pasajeros (PNR en sus siglas en inglés), una base de datos que recoja información relacionada con cada viajero (nombre, dirección, teléfono, itinerario, tarjeta de crédito, opciones de menú, IP del ordenador si el billete se adquiere online, detalles sobre menores, etcétera), compilada por la aerolíneas y de obligada entrega a las fuerzas de seguridad de los países implicados. Estos registros, que los países miembros ya son libres de implementar, quieren ahora hacerse obligatorios y compartidos en toda Europa y con otros países aliados.

Hasta ahora, estos datos no se compartían a nivel europeo porque el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE habían planteado dudas sobre la legalidad de recoger y compartir sistemáticamente datos de personas sobre las que no pesa ninguna sospecha, o datos que revelan filiaciones religiosas (como la preferencia en las comidas en el avión). Aunque el alud de dispositivos de vigilancia preventiva parezca indicar lo contrario, los ciudadanos europeos seguimos teniendo derecho a no ser puestos bajo sospecha sin motivo, y a entrar a nuestros países incluso si somos delincuentes. La definición de ciudadanía basada en los derechos que heredamos del Renacimiento se juega hoy en el debate sobre los registros de pasajeros, ni más ni menos. Así lo entendieron los miembros del Parlamento Europeo.

¿Cómo habría contribuido la existencia de un registro de pasajeros europeo a evitar el atentado de París?

Pero si la lógica es la primera víctima del miedo, Europa muestra una gran capacidad de sucumbir al miedo. De nuevo, ante un atentado se impone la recuperación de agendas de seguridad más propias de una fantasía distópica que de la voluntad de aprender de los errores y mejorar de forma efectiva la seguridad de los y las europeas. ¿Cómo habría contribuido la existencia de un registro de pasajeros europeo a evitar el atentado de París? Sus autores eran ciudadanos franceses y habían sido identificados y sometidos a vigilancia hasta hace unos meses. Sus viajes eran perfectamente conocidos por las autoridades utilizando mecanismos existentes, como todos los viajes realizados a países considerados sensibles por parte de cualquier ciudadano de la UE. ¿A qué lógica responde pues la propuesta actual, fervientemente defendida por el Partido Popular Europeo?

El problema de seguridad al que se enfrenta Europa es evidente. Las amenazas y riesgos existen, y la necesidad de apuntar a las causas y consecuencias de la política exterior perseguida por los gobiernos occidentales no elude la urgencia de abordar los desafíos inmediatos. Pero estos no pasan por el activismo legislativo sin reflexión ni control, ni por la subversión de garantías legales fundamentales, que son las que definen en qué consiste nuestro estatus de ciudadanía y lo que algunos llaman “nuestra forma de vida”.

Tampoco por convertir los aeropuertos y pasos fronterizos en zonas de excepción, en agujeros negros legales por los que pueden caer inocentes y culpables. Los retos de seguridad de la UE pasan por implementar políticas de seguridad bien diseñadas, legales y evaluables, así como por identificar cuáles son los detonantes de la radicalización y abordarlos desde una perspectiva social y de inclusión.

Sin embargo, en ciertas instancias de decisión europeas y estatales parece haberse impuesto la idea de que la amenaza al modelo de convivencia y libertades que supuestamente impera en Europa debe ser combatida a partir de la eliminación de los mecanismos de convivencia y la supresión de libertades. Dijo Benjamin Franklin que “aquellos que están dispuestos a sacrificar libertades fundamentales a cambio de seguridad no merecen ni libertad ni seguridad”. 300 años después, seguimos sin aprender esta imprescindible lección.

Gemma Galdon Clavell es doctora en Políticas Públicas