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El Gobierno no tramitó peticiones para evaluar las oposiciones de Baltar

La Diputación alegó que ningún funcionario de fuera había querido entrar en el tribunal El PSOE pide que se pare el proceso

El proceso de selección del personal examinador de las oposiciones de la Diputación de Ourense con el que José Manuel Baltar Blanco intentaba convencer de la transparencia en su gestión vuelve a empañarse. El presidente provincial proclamaba el inicio de una etapa ajena al enchufismo mediante la elección por sorteo de los integrantes de los tribunales no solo de entre los trabajadores de la Diputación (en donde según los grupos de la oposición en torno al 90% está vinculado al PP) sino incluyendo a los de otras Administraciones (Universidad, Xunta y Estado). El lunes, Baltar afirmó que ninguna institución había contestado a su solicitud y presentó una lista plagada de cargos, excargos del PP y familiares de estos a los que el azar colocó en los tribunales de las oposiciones.

El grupo provincial del PSOE ha pedido hoy la paralización de ese proceso selectivo tras conocer que, según publica La Voz de Galicia, dos funcionarias de la Inspección de Trabajo de Ourense aseguran que pese a que presentaron solicitud ante la Subdelegación del Gobierno para ser incluidas en el sorteo, este organismo, presidido por el exdirector general de Relacións Institucionais e Parlamentarias del Gobierno de Feijóo Roberto Castro, no cursó sus peticiones.

El portavoz socialista en la Diputación, Ignacio Gómez, ha reclamado a la Diputación que exija explicaciones a Castro “para que aclare qué sucedió con las solicitudes” de participar en el sorteo cursadas no solo por la Inspección de Trabajo, sino por otras instituciones. Ante la sospecha de que se pudieran haber frenado las demandas de participar en el sorteo, los socialistas piden que se detenga el procedimiento hasta que se aclare lo sucedido.

Una de las funcionarias de Inspección de Trabajo que presentó su solicitud aseguró a La Voz de Galicia que tiene constancia extraoficialmente de que su instancia llegó a la Subdelegación del Gobierno pero que “una negligencia” provocó que no se hubiera remitido a la Diputación. Asegura que lo mismo le ocurrió a una de sus compañeras pero teme que el “error” haya podido afectar de la misma formar a muchos otros funcionarios de la Administración del Estado.

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