Una marcha fúnebre protesta en Alcanar contra la indemnización a Castor

Los vecinos de Alcanar (Montsià) salieron ayer a la calle para protestar contra la indemnización de 1.350 millones de euros pagada a la promotora del almacén submarino de gas Castor. La instalación está ubicada frente a las costas de este municipio y de Vinaròs (Castellón) y su actividad actualmente se encuentra en estado de “hibernación”, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, debido al fuerte rechazo social que causó el almacén al verse relacionada su actividad con más de 500 seísmos ocurridos en la zona en septiembre de 2013. Unas 400 personas clamaron ayer contra la millonaria indemnización pagada a la empresa Escal UGS, ya que la cifra repercutirá durante los próximos treinta años a los consumidores a través de la factura del gas, según lo aprobado por el Gobierno.

La manifestación, convocada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, se inició en la plaza Major de Alcanar y estaba encabezada por una pancarta con el lema “No lo queremos”, que portaban diversos niños. Muchas personas acudieron a la cita vestidas de luto y se recreó una procesión fúnebre. Uno de los asistentes se disfrazó de sacerdote mientras varios vecinos le seguían portando un ataúd cubierto por completo de billetes falsos de 650 euros realizados por los convocantes de la manifestación. Esta cifra es la que la Plataforma calcula que costará a cada consumidor la indemnización. Los asistentes bautizaron estos billetes como “Florentinos”, dado que la empresa capitaneada por Florentino Pérez, ACS, es la máxima accionista de la promotora del almacén de gas. Al final de la protesta los vecinos de Alcanar y de las poblaciones vecinas quemaron el ataúd y los billetes. La Plataforma exige que se anule la indemnización y que se desmantele por completo el almacén de gas. Además, están preparando una denuncia que quieren llevar hasta la Unión Europea.

El dos de enero el PSOE y PSC presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real decreto-ley que fijó la indemnización. El portavoz adjunto de los socialistas en el Congreso, Francesc Vallès, denunció “la celeridad inaudita” con la que a su entender el Gobierno tramitó el pago a los promotores del almacén de gas. La Generalitat también trata de combatir el abono de los 1.350 millones. En paralelo, en diciembre la defensora del pueblo europeo, Emilly O'Reilly, hizo llegar al secretario general de la Comisión Europea un informe elaborado por el Síndic de Greuges en el que pide investigar la actuación del Estado en la aprobación de la indemnización. También en diciembre trascendió un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) el cual concluye que el origen de la sismicidad registrada en los meses de septiembre y octubre de 2013 en el entorno del almacén de Castor “está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas” en dicha planta.

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