Los gitanos del sur de Pontevedra firman la paz ante el fiscal

Tras semanas de arduos intentos, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, consiguió este viernes al fin que los dos grupos gitanos enfrentados en el sur de la provincia de Pontevedra, los llamados zamoranos y los morones, firmen la paz. Representantes de las dos partes suscribieron ayer un documento en A Coruña, en la sede de la fiscalía, que pone fin al conflicto por el reparto de los puestos de venta ambulante en los mercadillos. La guerra entre ambos colectivos había provocado el pasado 8 de noviembre la huida de Galicia de 410 zamoranos, que denunciaban amenazas de los morones con el propósito de acaparar los puntos de venta.

 El fiscal intervino en el caso tras una denuncia presentada por el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Autónomos de Galicia, Francisco Romero Alvite, un payo que se erigió en portavoz de los zamoranos. Romero acusaba a los morones, cuyo representante público más conocido es el presidente de la Sociedad Gitana de Galicia, Sinaí Giménez, de actuar “como una mafia” para intimidar a sus competidores en los mercadillos del sur de Pontevedra.

Los gitanos que denunciaron su destierro fuera de Galicia regresaron a sus domicilios veinte días después, pero, tras asegurar que persistían las amenazas, dejaron durante dos semanas de enviar a sus hijos a clase en un colegio de Porriño. El fiscal Varela optó por intentar un acuerdo negociado entre ambas partes antes de actuar. Pero la tensión entre los dos grupos persistía y, el pasado 28 de diciembre, les lanzó un ultimátum que expiraba ayer, 9 de enero.

Con el plazo a punto de acabar, se reunieron ayer en la fiscalía cuatro pastores evangélicos del grupo de los zamoranos con Sinaí Giménez, acompañado de su representante legal, el abogado madrileño Cándido Conde-Pumpido. Después de tres horas de reunión, las dos partes suscribieron un documento privado, cuyo contenido prefirieron no divulgar, aunque, según expresaron, les compromete a garantizar la “convivencia pacífica” entre ambos colectivos. La fiscalía, a cambio, archiva la investigación.

El pacto garantiza la “libertad absoluta de todos los ambulantes para ejercer la profesión de compraventa”, según explicó Conde-Pumpido. Giménez, con todo, negó que se hubiese registrado “ningún tipo de conflicto”. “La convivencia siempre ha existido”, aseguró. “Ha habido malestar por ambas partes y, al final, con diálogo la gente se entiende”, sentenció. Luis León, miembro de los zamoranos, admitió “ciertas desavenencias” y “un poquito de alejamiento”. Pero señaló que su colectivo podrá “en breve” regresar a los mercadillos. “Y con la ayuda de Dios, lo dejaremos en el olvido”, apostilló.