La minera canadiense pierde por ley sus derechos sobre Corcoesto

La entrada en vigor el pasado día 1 de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta, norma que modifica parcialmente varias decenas de leyes preexistentes, entre ellas la de minería, ha supuesto la caducidad de los derechos que la firma canadiense Edgewater, a través de Minera de Corcoesto, tenía para esa explotación de oro en la Costa da Morte. La nueva ley añade una disposición transitoria a la norma específica sobre minería que establece que “la denegación de la autorización de explotación por cualquiera de las causas legales determinará la caducidad de los derechos mineros correspondientes”.

 La Xunta rechazó inicialmente el proyecto de la mina de Corcoesto en octubre de 2013 y de forma definitiva en marzo del pasado año, pero es ahora cuando el propio Gobierno gallego se dota de una ley que lo obliga a incoar de oficio el procedimiento de caducidad de los derechos. La nueva norma contempla su propia retroactividad al establecer que “será aplicable a los casos de resoluciones denegatorias de autorizaciones de explotaciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición”.

La plataforma ciudadana contra la mina de Corcoesto aseguró ayer que esta modificación legislativa “imposibilita, para tranquilidad de los vecinos de la comarca, que [Edgewater] pueda presentar en el futuro otro proyecto de explotación de oro en la zona”. El colectivo destaca que “ahora le corresponde a la Consellería de Economía e Industria incoar de oficio el procedimiento”, para lo que los afectados se lo van a solicitar por escrito y así “asegurar la tramitación, cuanto antes, de este procedimiento de caducidad”.

También el grupo paramentario de AGE presentó ayer mismo una proposición no de ley para que la Cámara gallega inste a la Xunta a incoar de oficio la caducidad. Según el diputado Antón Sánchez, la medida “ayudará a garantizar que no se lleve adelante la explotación neocolonial de Corcoesto y que desaparezca esa amenaza del lugar y del país”. “No sabemos si la compañía recurrirá al contencioso, pero es necesario estar alerta”, destaca Sánchez sobre un plan de explotación que el diputado considera “ambientalmente peligroso y negativo económica y socialmente”.