La juez imputa a Oriol Pujol por un segundo delito de cohecho
El exdiputado deberá aclarar si prestó su influencia política a su amigo íntimo Sergi Alsina
El exdiputado de CiU Oriol Pujol comparecerá el día 12 en los juzgados de Barcelona como imputado por un nuevo delito de cohecho y falsificación en documento mercantil, que le imputa la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía.
La magistrada considera que Pujol debe aclarar si prestó su influencia política a su amigo íntimo Sergi Alsina en, al menos, cuatro operaciones: la deslocalización de tres empresas y un proyecto de Seat en Martorell.
El auto, publicado ayer por los diarios El Mundo y El Periódico de Catalunya, recoge que "gracias" a la actuación de Pujol "la operación mercantil para la que fue contratada la empresa de su amigo Sergi Alsina tuvo el éxito esperado". Además, recuerda que por ayudar a ese empresario en estos negocios el hijo del expresidente de la Generalitat supuestamente recibió “retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de su esposa, Anna Vidal, por una labor de asesoramiento ficticia”.
El empresario obtuvo unos ingresos superiores a los 11 millones de euros y la familia Pujol-Vidal recibió cerca de medio millón de euros. Alsina no lo consiguió solo por sus méritos profesionales, sino que "contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que le facilitaban su labor profesional”, señala el auto de la juez.
La decisión judicial se produce tras aceptar la magistrada la petición de nueva imputación de Oriol Pujol, de su esposa y de Sergi Alsina, administrador de la consultora Alta Partners, que realizó el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado. El exdiputado de CiU ya está imputado por otro presunto delito de cohecho derivado del intento de amañar la adjudicación de estaciones de ITV.
El auto judicial sostiene que, de este modo, el empresario "contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña", a cambio de retribuciones a la esposa del dirigente de Convergència Democràtica. Oriol Pujol, según la juez, no solo habló con empresarios, sino que facilitó el acceso al director de la Agencia Tributaria catalana, al presidente de la Generalitat y a altos cargos del Departamento de Industria, coordinando "llamadas y actuaciones" e incluso "fijó la estrategia de comunicación de la operación".
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