El año decisivo del ‘caso ERE’

El caso de los ERE fraudulentos cruza este año una frontera decisiva después de cuatro años de instrucción. Por fin la guerra entre la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía sobre el diseño del fondo dotado con 855 millones se dilucidará en 2015, cuando el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decida si la tesis de la instructora tiene base para imputar a los cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

¿Qué significa esta decisión procesal? Para empezar, resuelve un interrogante que cada semana afecta a la vida política andaluza —convertido por el PP en eje de su oposición al Gobierno andaluz— y en paralelo respalda la investigación del caso más complejo y extenso de la comunidad, con 229 imputados que están pendientes de la decisión del alto tribunal dado que afectará a sus vidas en mayor o menor medida.

Barreiro entrará al fondo de la cuestión para proseguir la investigación iniciada contra los políticos socialistas señalados, o en cambio archivar las actuaciones y estimar la defensa del Ejecutivo autónomo sobre que el pago del fondo se hizo con herramientas legales como las transferencias de financiación, ya que fueron aprobadas por el Parlamento. O puede también aceptar parte de la teoría de Alaya —que considera que la cúpula de la Junta diseñó un fondo para repartir de manera discrecional ayudas millonarias entre empresas afines al PSOE—, y considerar que hay indicios sólidos contra algunos de los cinco aforados señalados en el Supremo. Sin embargo, dada la rotundidad de las opiniones de Alaya, esta solución intermedia es compleja aunque no imposible.

Durante estos 1.400 días de instrucción Alaya ha recibido capotes intermitentes desde la Audiencia de Sevilla, que ha valorado la entidad de los indicios recabados para dar vía libre a su investigación. Los reparos a su instrucción han sido leves, entre ellos al uso de la prisión incondicional para los imputados, muy extendida al comienzo de la instrucción hasta que se fue mitigando, y la imposición de fianzas millonarias cuya suma total triplica la cifra del dinero total del fraude (855 millones), a pesar de que deben suponer una garantía para la devolución de los fondos defraudados.

El respaldo genérico de los jueces de la Audiencia ha permitido a Alaya avanzar en la investigación para delimitar sus indicios, condensados en la exposición razonada que envió al alto tribunal el pasado verano. Desde entonces, el Supremo se ha limitado a estudiar la causa, ya que la fiscalía sencillamente dijo que debía avanzarse en la investigación de los hechos, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión. Sin embargo, ya no quedan más excusas dilatorias y el juez instructor tomará una decisión de la que están pendientes los dos grandes partidos (PSOE y PP) por la que pueden acudir a declarar los cinco cargos aforados socialistas. Barreiro puede archivar sin escuchar a los imputados porque no vea base sólida, o puede llamarles como imputados, lo cual pone en un compromiso al PSOE, que ha avanzado que les exigirá el acta como diputado o senador si el Supremo ve indicios de delito sólidos contra ellos. Mientras, Alaya enviará en breve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJA) sobre los otros cuatro exconsejeros aforados autonómicos.

¿Es posible avanzar una resolución por parte del Supremo? La única señal emitida por el alto tribunal hasta ahora ha sido el apoyo a la fiscalía contra el criterio de Alaya para escindir la causa entre Madrid, Granada y Sevilla y así imprimir celeridad a la causa. Alaya considera la causa “inescindible”, un criterio que no comparten los jueces. Sin embargo, es una señal muy leve y no puede inclinar la balanza en ninguna de las direcciones previstas.

Sin embargo, al margen del Supremo la causa avanza. Aumentan los imputados en una espiral que parece infinita, prosigue el análisis de los agentes de la Guardia Civil sobre cada expediente subvencionado por la Junta, se suceden los recursos de las defensas y las respuestas de la juez y la Audiencia... Eso sí, tras la decisión del Supremo, nada será igual porque cada decisión judicial tendrá un respaldo de fondo —o no— procedente de la instancia final donde acaban todos los recursos y que al final debe ver la enjundia sobre un caso muy técnico y en el que la interpretación del Derecho administrativo —además del Penal— es clave para una hipotética condena o absolución.

Antes de la decisión del Supremo hay un hito que puede alterar el devenir del caso. Alaya puede haber pedido su traslado a la Audiencia de Sevilla. En caso de confirmarse esta solicitud que su entorno ha avanzado, el caso pasaría a otras manos, y dada la instrucción tan singular que ha dirigido Alaya, el horizonte de la causa sufrirá un leve terremoto durante el que la mayoría de imputados suspirarán con alivio. Las defensas siempre han censurado la dureza de sus decisiones y un concepto de la instrucción muy personalista que —al igual que la Fiscalía Anticorrupción— para nada comparten, al margen de sus intereses enfrentados. En cualquier caso, 2015 será el año clave para el caso judicial más determinante de Andalucía.