La deuda de Feria Valencia será pública y la gestión privada

El patronato de Feria Valencia aprobó ayer la reconversión de la institución con el objetivo de hacerla “rentable y dinámica”. El itinerario prevé que la feria se integre en el sector público, y que en éste permanezcan tanto los edificios e instalaciones como los 600 millones de deuda que lastran su funcionamiento. La gestión será, en cambio, “desgajada” y adjudicada a la iniciativa privada.

La presidenta del patronato y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, consideró, por su parte, “normal” haber recibido durante años regalos, por Navidad y por su santo, de la feria, una institución cuya gestión investiga la fiscalía.

La alcaldesa dice que Puig la critica porque cree que será “su adversaria electoral”

La feria se convertirá en un “consorcio autonómico” en el que estarán representados, al menos, el Ayuntamiento y la Generalitat. El primero conservará la propiedad de los terrenos y del edificio. La gestión se adjudicará mediante la fórmula del “diálogo competitivo”, y de elegir a la empresa se encargarán los gobiernos autonómico y local que salgan de las elecciones de mayo, ya que los pliegos del concurso estarán acabados como pronto el próximo 31 de julio. La futura concesionaria pagará al consorcio por la explotación de las instalaciones de la feria un porcentaje de los beneficios.

Ni Barberá ni José Vicente González, presidente de la feria y también de la patronal valenciana Cierval, pudieron aclarar muchos detalles de este rescate público de la feria. O, mejor, de esta regularización de su situación, porque desde hace años es la Generalitat la que hace frente a la deuda del recinto ferial. Y la justicia y la Sindicatura de Comptes consideran pública a la institución desde hace aún más tiempo.

La alcaldesa y el patronato dejaron claro que siguen sin compartir esa tesis. El acuerdo adoptado ayer “asume” el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que, contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Sindicatura de Comptes y de un informe de la Intervención General de la Generalitat, considera que la feria es “privada”.

El informe de la Intervención General de la Generalitat destapó millonarios sobrecostes de difícil justificación en las obras de ampliación, entre otras irregularidades, dio lugar a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y puso nerviosa a Barberá. La alcaldesa mostró que la irritación continúa al descalificar de nuevo al interventor que redactó el informe y señalar que alguien debió darle “instrucciones”. ¿Quién? Barberá no dio nombres. Pero el estado de su relación con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quedó claro cuando, sin que nadie le preguntara, afirmó que el líder socialista Ximo Puig arremete contra ella porque “seguramente cree” que será “su adversaria electoral”. Fabra lleva meses intentando sin éxito que la dirección nacional del PP lo confirme como candidato.

La regidora dio mucha importancia a una carta del responsable de la Intervención de la Generalitat dirigida al patronato de la feria en la que aceptaba la “primacía” de los dictámenes emitidos por el CJC sobre la naturaleza pública o privada de la feria.

En un contexto en el que las encuestas vaticinan la derrota del PP en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, la alcaldesa se esforzó en cerrar la puerta a eventuales problemas judiciales en un asunto que ya indaga la Fiscalía.

Desde esa perspectiva es relevante que la feria se considere “absolutamente privada”, como reiteró ayer Barberá. El juez del caso Nóos, José Castro, exoneró hace unos días a su vicealcalde, Alfonso Grau, con el argumento de que la fundación Turismo Valencia había venido “funcionando siempre como entidad privada”. En la misma línea, la alcaldesa insistió en que el patronato nunca vigiló el coste de las obras, Y que todas las decisiones en el mismo se han adoptado “conjuntamente” por sus miembros.