El conflicto de los gitanos pervive pese al ultimátum que dio el fiscal

El conflicto por el que 410 gitanos de O Porriño y Tui se vieron empujados a abandonar sus viviendas y huir de Galicia hace más de mes y medio no ha llegado a su fin. A punto de expirar, en Año Nuevo, el plazo que impuso el fiscal jefe, Carlos Varela, para llegar a una “resolución consensuada y pacífica” del enfrentamiento que provocó el éxodo de familias enteras, el bando débil de esta guerra sigue sin ocupar sus puestos en los mercadillos de Pontevedra y sin poder llevar dinero a casa. Mientras tanto, según Francisco Romero Alvite, presidente de la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos, que no es de etnia gitana pero se ha convertido en portavoz de los exiliados, en varias de las ferias semanales que se celebran en diferentes municipios de la provincia los desaparecidos han sido suplantados por otros comerciantes. No obstante, según otras fuentes, hay varios Ayuntamientos, “como Tui o Redondela”, donde los gobernantes han ordenado pedir la autorización municipal a todo el que pretenda instalar su puesto y “no dejan montarlo a nadie” sin permiso.

Los que el día 8 de noviembre pegaron la estampida y ahora, ya de vuelta, permanecen recluidos en sus casas son los llamados gitanos zamoranos, aunque casi todos ellos nacieron en Galicia, después de asentarse sus abuelos en el sur pontevedrés hace cerca de medio siglo. Sobreviven desde el inicio del conflicto con ahorros que ya se han agotado, la ayuda de vecinos y la comida que les entregan los servicios sociales, sin atreverse a trabajar en las ferias donde cuentan con autorización municipal. Ellos prefieren permanecer callados: “Aguantan unidos y en silencio”, explica un vecino de muchos de ellos en O Porriño, “esperando que la fiscalía solucione las cosas”. “Están en la miseria, determinados a resistir porque no quieren seguir siendo esclavos, estar sometidos ni ligados a los intereses de la familia dominante”.

Esta otra familia, que se atribuye la representación de los gitanos gallegos en este conflicto, es la del conocido como rey de los gitanos Olegario Giménez, alias Morón. Según Alvite, se trata de una “mafia de los mercadillos que extorsiona a seres humanos que quieren trabajar en libertad”. Supuestamente, en la órbita de esta familia se encuentra una cooperativa de vendedores que gestionaba los pagos de impuestos de un buen número de ambulantes gitanos, entre ellos los zamoranos. El mes pasado, Alvite denunció al hijo del rey, el príncipe Sinaí Giménez, ante la Fiscalía Superior de Galicia, y el fiscal planteó un ultimátum al líder calé. El vástago del Morón debería propiciar la “negociación” entre los bandos enfrentados por los puestos y garantizar el “respeto a los derechos y libertades de las personas” y su “incorporación inmediata a los mercados locales” sin “ningún tipo de represalia”.

El pasado fin de semana, desde el entorno del bando gallego, se sucedieron varios comunicados en los que además de negarse el conflicto se desvinculaba a Sinaí Giménez de la cooperativa. Se apelaba incluso, a un “consejo de ancianos” que negaba la existencia de un destierro, instaba al “apretón de manos” y garantizaba a todos los cooperativistas zamoranos que cuando decidan volver a trabajar recuperarán sus puestos aunque provisionalmente estén ocupados por gitanos gallegos. Este consejo de ancianos que ha trabajado en pro de un acuerdo pacífico, según se informaba, está compuesto por cinco gitanos gallegos y cinco zamoranos. Sin embargo, según vecinos de O Porriño que están en contacto diario con el grupo que huyó de Galicia, "este consejo es una película, no existe", ni hay "representantes" de los 410 afectados en él. Por su parte, Romero Alvite insiste en que la ocupación, aunque sea temporal, de los puestos de zamoranos por parte de gitanos gallegos podría evitarse si los Ayuntamientos cumpliesen el artículo de la ley de comercio que obliga a exhibir permanentemente la autorización municipal en cada puesto. Esta irregularidad se produce "por el consentimiento del alcalde de turno", protesta, "y la Xunta, que permanece impasible, tiene en su mano remediarlo... No tiene más que bloquear las subvenciones varias que reciben los consistorios para obligarlos a cumplir la ley".

Pero a punto de cumplirse el tiempo dado, después del cual Carlos Varela advierte que va a “decidir si ejerce la acción penal”, los signos externos del conflicto no son buenos. Si antes el grado de tensión se medía por el éxodo a Castilla, que duró algo más de una semana, y por la falta de un centenar de niños en los colegios de O Porriño y Tui, la llamativa ausencia de los mercadillos es, en fechas navideñas, el síntoma más evidente de que el problema no se ha resuelto. Los vecinos de los zamoranos explican que alguno, en su desesperación, ha salido “a la calle con una bolsa de calcetines para vender algo, al menos, a clientes conocidos”.

El fiscal subrayaba que el regreso a las ferias debería ser pacífico pero, según personas próximas, los zamoranos siguen teniendo "miedo". A principios de mes, la Guardia Civil de Tui levantó atestado del intento de un grupo allegado al Morón de entrar en una vivienda de zamoranos. Y la misma tarde de Nochebuena, una hija del rey atacó con un palo a dos mujeres del otro bando en una de las principales calles de la localidad. Tuvieron que ser atendidas en el centro de salud y los agentes denunciaron los hechos en el juzgado. Tras la agresión, el día 27 la corporación de Tui, que respalda a los zamoranos, pidió a la fiscalía que inicie de una vez la vía penal.