La casa de los jóvenes conflictivos

En un salón, sobre una gran mesa, dos jóvenes juegan al ajedrez, otro lee sentado en un sillón, uno estudia con un gran diccionario de inglés al lado, al fondo dos más juegan al pimpón. En una de las habitaciones de esta casa se lee en un letrero escrito con rotulador rojo: “De los errores se aprende, de todo se sale (si se hace por salir)”. Es el ambiente de una de las 18 viviendas de las que dispone la Consejería de Justicia para que los menores que han cometido delitos, en un 70% en el ámbito intrafamiliar, puedan cumplir la medida judicial no privativa de libertad en grupos de convivencia de ocho personas. En el primer semestre del año, 229 menores infractores han sido beneficiarios de este programa. “El encargo institucional es que los menores no cometan más delitos, a lo que añadimos que la familia deje de sufrir”, resume Mario Ramos, coordinador educativo de los programas de convivencia de la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim), una de las entidades contratadas para efectuar la medida.

Pablo (nombre ficticio) lleva ocho meses en esta casa, tiene 17 años y lo primero que apunta es que el grupo ha supuesto un cambio “muy grande” en su vida. “He aprendido a valorarme a mí mismo. Antes pasaba de todo, ahora me siento mejor con mis padres, me estoy concentrando”, detalla el joven con el gesto sosegado. En unos meses volverá a vivir en su casa, que probablemente será una vivienda propia de una familia de clase media. “Existe la imagen social de que estos chicos y chicas viven en entornos deteriorados, pero no es así para nada. Sus padres son trabajadores, funcionarios, universitarios. No son familias multiproblemáticas donde los menores suelen ser atendidos en servicios de protección”, matiza Ramos, que es pedagogo y lleva 14 años de profesional en este ámbito.

Las familias que recurren a la justicia por estos casos no están acostumbradas a depender de la Administración ni a tratar con servicios judiciales. “Están asustados, se sienten frustrados, culpables, responsables, y esto hay que tratarlo también. Por eso es fundamental que los padres participen en el proceso. Todos forman parte de la situación. Si se quiere cambiar, se debe resolver entre todos”, describe Ramos.

Según considera, la delincuencia juvenil es un síntoma que viene a equilibrar a la familia, es un instinto de supervivencia. Sin generalizar y teniendo en cuenta todo tipo de excepciones, explica que eso no significa que los padres tengan la culpa de lo sucedido. “Solo que, de forma plenamente inconsciente, pueden llegar a focalizar sus problemas de pareja en el menor y así evitan enfrentarse entre ellos. Dos semanas después de que los chicos hayan ingresado aquí, sus peores conductas desaparecen, y en numerosas ocasiones comienzan los síntomas en otro de los hijos. Pero los padres lo habrán hecho lo mejor que han podido, y los chavales son plenamente conscientes y responsables de sus actos”, subraya el pedagogo.

El coordinador explica que habría que diferenciar entre la paternidad, que describe como una experiencia vital no susceptible de ser juzgada, y la parentalidad, que se definiría como el correcto ejercicio de las funciones de la crianza. Con detalle cuenta que en la primera sesión de terapia familiar, lo que hace es preguntarle a cada uno de los miembros dónde cree que está el origen del conflicto. “Y casi ninguno culpa al menor que ha cometido el delito. Solo él se suele autoinculpar”, destaca.

Según los datos que maneja la consejería de Justicia, el 80% de los menores que pasan por estos grupos no retornan. “La mayoría de los chicos y las chicas vuelven a sus familias, y otros que son mayores optan por independizarse, pero en general la reincidencia es mínima. La expectativa es muy positiva y eso es lo que alienta a los padres a ver que se puede reconducir el problema”, detalla Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil de la Junta, una dirección que este 2014 ha contado con 77,4 millones de euros para mantener todos los centros y servicios para ejecutar todas las medidas judiciales y que para 2015 se mantendrá con 77,5 millones.

Independizarse es la opción de Sergio (nombre ficticio), de 18 años. Quiere ser ingeniero pero su objetivo a medio plazo es trabajar y por eso está esperando a que se abra la convocatoria para estudiar un curso de cocina en una prestigiosa academia. Ya tiene superado hasta primero de bachillerato. “Mi padre me ha dicho que me lo puede pagar, aunque como se entere su pareja…”, dice sin terminar la frase mientras se lleva las manos a la cara y niega repetidas veces con la cabeza para reflejar que eso sería un desastre. Con su madre no puede volver porque pertenece a una inflexible confesión religiosa, así que su idea al salir del grupo de convivencia, en el que apenas lleva 15 días, es trabajar de camarero un tiempo e irse a una casa nueva, suya. “De momento el grupo me está viniendo bien porque al menos ya he dejado de consumir, pero espero salir antes de un año”, anticipa.

Las medidas que se cumplen en estas casas, que no tienen ningún distintivo en la puerta, no son privativas de libertad, por lo que, en gran medida, los menores pueden organizar sus rutinas de vida con el asesoramiento de dos educadores que están permanentemente con ellos. Cada 20 días suelen ser los encuentros entre padres e hijos y a diario pueden hablar por teléfono si quieren. “Es reconfortante ver los progresos. Una cuestión importante está en que los jóvenes se encuentren a sí mismos, en construir la personalidad del adolescente, que ya de por sí es un desafío general”, concluye Ramos. Pablo valora su estancia en esta casa. “Veo esto como una oportunidad que solo se me va a dar una vez en la vida. He aprendido y ya me siento bien con mis padres”, repite. Ahora podrá volver a su primera casa, la de su familia. Ha cumplido la frase de la pared: “De los errores se aprende, de todo se sale (si se hace por salir)”.