Consultas y democracia

Existe una creciente opinión ciudadana, con noble intención democrática, que considera que los gobiernos, sobre todo los locales y regionales, deben organizar permanentemente consultas vinculantes para decidir sobre el desarrollo de proyectos y la implementación de políticas públicas. Pero lo paradójico es que si así se hiciera nos encontraríamos en una situación de irresponsabilidad pública y debilitación del funcionamiento de la democracia.

Es una buena actitud llevar a consulta temas que afectan a todos los ciudadanos, que se relacionan con el modelo de futuro de la ciudad, y en el que existen alternativas claras y diáfanas. Pero estas circunstancias acontecen muy pocas veces.

En efecto, en los temas urbanos y territoriales los desafíos son cada vez más complejos. La movilidad, una nueva centralidad, la producción de espacio público, la revitalización de un barrio, o las políticas de inclusión social tienen una gran variedad de aspectos: sostenibilidad, cohesión social, economía, identidad, generación de empleo, etcétera. La complejidad es, según E. Morin, aquello que se teje conjuntamente. Someter la complejidad a una respuesta binaria de “sí” o “no” es desnaturalizar el problema e imposibilitar una toma de decisión adecuada para el futuro de la ciudad.

Los proyectos urbanos afectan a intereses ciudadanos de manera contradictoria

En segundo lugar, los proyectos urbanos afectan a intereses ciudadanos de manera contradictoria. Tenemos, por ejemplo, el caso de los conflictos denominados "Aquí no". Son aquellos en los que localizar un servicio para combatir las drogodependencias, una residencia de ancianos, etcétera, que es de interés para una buena parte de la ciudadanía, choca con el interés de sectores vecinales en el barrio en que se va localizar el equipamiento. Someter los temas a consulta binaria significa enfrentar a los ciudadanos de manera permanente, lo que es una irresponsabilidad.

Por otra parte, sabemos desde la publicación de El Príncipe de N. Maquiavelo que ante una nueva ley o proyecto, la gente que se moviliza es la que piensa que le va a perjudicar de manera inmediata. Los beneficiarios raramente se movilizan al ser un tema que probablemente les afectará pero será en un futuro. Es por ello que en la gran mayoría de consultas participa poca gente, y generalmente vence el “no” con rotundidad, como fue el caso de la consulta sobre la reforma de la Diagonal en Barcelona. Dejar la decisión a la participación directa significa que los intereses de la mayoría de los sectores ciudadanos no serán tenidos en cuenta.

En la gran mayoría de consultas participa poca gente y generalmente vence el “no”, como sucedió con la reforma de la Diagonal

La práctica habitual de la consulta vinculante impide el ejercicio de la responsabilidad pública y democrática. La responsabilidad democrática de un gobierno representativo consiste en que los proyectos y las políticas articulen al máximo el interés general de la ciudad. Y ¿qué es el interés general? El interés general es una construcción política de la suma coherente de todos, o de la gran mayoría, de los intereses legítimos del conjunto de sectores de la ciudadanía. En este sentido la representación refleja mucho mejor la pluralidad social que los plebiscitos.

La práctica habitual de las consultas plebiscitarias expresa simplismo ante la complejidad, mayor conflictividad intervecinal, exclusión de facto de amplios sectores ciudadanos e irresponsabilidad pública. Son las consecuencias paradójicas de una opción política que pretende una mayor democracia. Digámoslo con claridad, los defectos de una democracia representativa no pueden ser superados mediante una supuesta democracia directa, sino por la vía de incrementar la calidad de la representación.

La complejidad social de las ciudades exige unos sistemas de participación y de consulta eficaces, que permitan tener en cuenta de manera previa a la elaboración de políticas y proyectos, las necesidades e intereses legítimos de todos los sectores implicados sin excepción; y a partir de ellos, y sólo a partir de ellos, elaborar las políticas y proyectos que articulen el máximo de dichos intereses legítimos.

El asegurar un proyecto viable que responda a los intereses ciudadanos es responsabilidad ineludible de los representantes electos, que no sólo deben demostrar a la ciudad que es un proyecto que efectivamente asume los objetivos y necesidades explicitadas, sino que además deben promover el compromiso y la cooperación ciudadana para que el proyecto tenga el máximo impacto social.

Josep Maria Pascual Esteve es economista y sociólogo.