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El hermano de Tania Sánchez exculpa a su familia de sus contratos en Rivas

La sede de la cooperativa que facturó 1,2 millones de euros al Ayuntamiento está en casa del padre del empresario, el único de Aúpa que acudió a la comisión

Héctor Sánchez, a la salida de la comisión en Rivas Vaciamadrid.
Héctor Sánchez, a la salida de la comisión en Rivas Vaciamadrid.

Héctor Sánchez exculpó ayer a su padre, Raúl, y a su hermana Tania —concejales entonces de Rivas-Vaciamadrid— de la adjudicación de contratos municipales por 1,2 millones de euros a Aúpa, su cooperativa entre 2002 y 2008. “No puedo asegurar que les dijese que era el administrador”, aseguró ante la comisión que estudia estas adjudicaciones.

La ley obligaba a sus familiares a señalar su vínculo familiar, pero ni la candidata de Izquierda Unida a las elecciones regionales lo hizo, ni su padre, edil cuatro legislaturas. Tania refrendó un contrato de 137.00 euros a favor de su hermano y Raúl otros seis. Ambos acudirán en los próximos días a declarar en la comisión.

Desde que el educador pasase a ser administrador único de Aúpa, en diciembre de 2003, la sede social de la cooperativa se emplazó en casa de sus padres. La oposición no se explica entonces cómo los progenitores iban a desconocer los movimientos de su hijo. “Yo no les doy información. (...) Más allá que lo que se dice en una sobremesa de una comida familiar”, sostuvo Héctor.

“No doy información, más allá de la de una sobremesa”, afirmó Héctor

Sus respuestas no convencieron a quienes interrogaban. “¿La documentación la recibías en casa?”, le preguntó el portavoz socialista, Guillermo Magadán. “Sabían que formaba parte en Aúpa, pero de ahí a la domiciliación…”, contestó Héctor Sánchez. Nervioso y con actitud proactiva, se embarulló y terminó insistiendo confusamente en que su progenitora estaba al margen: “Mi madre nos corta… Es su casa, imagínate... Ve en su casa una carta y tela”.

La sede estaba en la vivienda familiar, pero en el día al día Aúpa utilizaba un despacho del Centro de Iniciativas Empresariales, subvencionado por el Ayuntamiento. Probablemente allí llegaba la correspondencia. Para conseguir ese espacio, es necesario presentar un plan y que lo apruebe el Consistorio. El PP dice que no ha encontrado muestras de ese trabajo previo. Héctor recordó entonces que, cuando se hizo cargo de la cooperativa —dos años después de su fundación—, ya estaba allí instalada.

“El 90%, en sueldos”

Héctor Sánchez insistió en la idea de que ni Aúpa ni él se han beneficiado de los contratos por 1,2 millones de euros en Rivas-Vaciamadrid: “Por plicas, el 90% del dinero de los contratos era ya para sueldos. O sea, que los beneficios eran mínimos”.

“Si me hubiese beneficiado es absurdo que me tuviese que ir al paro, que estuviese cambiando de campo dentro de la educación… ”, remachó el empresario. No negó que los contratos de larga duración se concentraron en Rivas, aunque aseguró que la cooperativa concursó allá donde pudieron.

¿Cuanta gente trabajó? “A lo largo de la historia bastantes. Cincuenta es la cifra que se me viene a la cabeza, pero no la quiero dar”, calculó Sánchez.

El cooperativista intentó involucrar en las adjudicaciones a los socialistas, que gobernaban Rivas junto a IU hasta 2011: “Ni yo personalmente, ni la cooperativa, hemos tenido ningún tipo de privilegio. Si hubiese una relación, sería la contraria. Fuimos perdiendo contratos según Izquierda Unida va ganando poder”. Ante la prensa, insistió en esa idea: “Todos los contratos de Aúpa son en coalición de dos partidos. Tenemos que cerrar porque llega la crisis y nos cuesta mucho trabajar, como a muchas cooperativas. Y cerramos en 2009, cuando IU tiene más poder”.

En ese 2009 Aúpa se clausuró y dos de sus fundadoras —Abril Barceló y Yolanda Pérez— que desde 2003 trabajan de interinas como técnicas municipales de la Concejalía de Juventud, pasaron a ser fijas. Entraron en la Administración por unas oposiciones convocadas por su concejal, Pedro del Cura —el actual alcalde— que también se presentó y las sacó. Había cuatro plazas y solo cuatro candidatos.

El PP quiere conocer detalles del proceso en el que las fundadoras de Aúpa pasaron a ser funcionarias. Pero IU se niega, pues considera que no es el tema que les ocupa y remarca que son unas oposiciones que nadie impugnó. Según los populares, en abril de 2003 Pérez firmó facturas como administradora de Aúpa —a finales de año sería Héctor Sánchez—, cuando ya cobraba como interina del Ayuntamiento.

Héctor Sánchez no cree que haya habido solapamiento: “Estas trabajadoras sacan su oposición. Inicialmente no tienen contacto con los contratos de la cooperativa y luego sí. Yo recuerdo a los técnicos que nos coordinaban —estando ellas trabajando— y eran otros. Luego sí, con el tiempo, alguna se fue coordinando con nosotros”.

El papel de Del Cura, el concejal de estos contratos y del círculo de las fundadoras, es un enigma. “Hay que preguntarle a él”, propuso el cooperativista. “No hay un cambio relevante entre que ellas estuviesen en la cooperativa o no. Seguramente los pliegos eran muy parecidos”. Casi la mitad del monto total facturado a Rivas, 553.734 euros, sin embargo, se concentró en 2004, con el cambio en la composición de Aúpa.

Ninguna de las tres fundadoras de Aúpa llamadas a declarar —tampoco Miriam Álvarez, miembro de IU, empleada en una empresa que trabaja para el Ayuntamiento— asistió a la comisión. Alegan las funcionarias que sólo hay fines políticos y atenta contra su imagen y su honor.

 

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