El SUP da de baja a dos policías por protestar sin permiso del comité

Juan Sirera y Francisco Javier Enríquez, los dos representantes sindicales de Seguridad y Calabozos de la Comisaría de Alicante, han sido expulsados del Sindicato Unificado de Policía (SUP) por un periodo de dos años. El motivo es el haber convocado sin el permiso de su comité provincial una manifestación que reunió a 40 agentes ante las puertas de la comisaría provincial para protestar por el estado de salubridad y seguridad en los calabozos de unas instalaciones que fueron inauguradas hace apenas cinco años.

Los hechos se remontan al pasado septiembre, cuando Sirera y Enríquez emitieron un comunicado enumerando las deficiencias en una zona de la comisaría que anualmente registra una media de 9.000 detenidos. Las plagas de chinches, la falta de ventilación, la casi total inoperancia del arco de seguridad o la caducidad de los chalecos antibalas fueron algunas de las reivindicaciones de los agentes, que acabaron convocando el 17 de septiembre una protesta como representantes básicos al no sentirse respaldados por el SUP tras las reiteradas quejas.

Su iniciativa está considerada como “una falta grave” por el comité de garantías del sindicato. En su resolución del pasado 3 de diciembre, el comité acordó excluirles de la militancia durante dos años. Según el acuerdo, Sirera y Enríquez tenían otros cauces para denunciar la “dejación de responsabilidades” que alegaron.

El conflicto entre los dos expulsados y el comité provincial reside en el entendimiento de lo que debe ser la acción sindical. En escritos internos del pasado septiembre a los que El País tuvo acceso, la secretaría general del SUP en Alicante consideró que la concentración “no es el camino a seguir en este momento”, posición que no entendieron los dos representantes, más afines a las anteriores formas de un sindicato que hace tan solo dos años encabezó una manifestación contra los recortes del Gobierno secundada por miles de policías nacionales, locales y autonómicos.

El asunto de los calabozos llegó hasta la mesa del congreso de los diputados a petición del diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto. La contestación del Gobierno, fechada el 30 de octubre pasado, habla de “ligeras deficiencias” subsanadas, y concluye que los calabozos “reúnen las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para su utilización”, pero no contesta a las denuncias de falta de seguridad que los hoy exsindicalistas denunciaron. Como cuando en enero de este año una persona enajenada intentó atropellar al funcionario que vigilaba la entrada de los calabozos.