Fabra evita defender la gestión de Johnson en la compra de Valmor

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, intentó ayer ganar tiempo en la gestión del primer gran escándalo de su mandato: la compra de la firma Valmor Sports, la empresa pantalla auspiciada por su antecesor Francisco Camps para organizar el Gran Premio de Europa de fórmula Uno en Valencia. Una compra que supuso la condonación por parte de la Generalitat de 14 millones de deuda y la asunción de otros 31 de deudas con terceros.

 Fabra, durante la inauguración del nuevo Tram de Castellón, evitó defender la gestión de su exconsejera Lola Johnson en la compra de Valmor. El jefe del Consell, con su silencio, dio por buena la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que Johnson “engañó al resto de miembros” del Gabinete “al no decirles ni explicarles que la compra” de la empresa de Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, Fernando Roig y Bancaja implicaba un coste millonario para las arcas públicas.

Johnson ocupaba en el momento de la compra de Valmor, diciembre de 2011, los cargos de presidenta de la empresa pública Circuito del Motor SA —que fue la sociedad de la Generalitat que formalizó la compra de Valmor— y de consejera de Turismo. Al año fue cesada en una remodelación del Consell, pero Fabra la repescó en diciembre de 2013 como secretaria autonómica de Comunicación, cargo del que dimitió en mayo de este año al ser imputada en relación con Canal 9.

Pese a la relación de proximidad entre ambos, el jefe del Consell eludió explicar si él o el resto de miembros del Gabinete fueron informados debidamente de las implicaciones de la compra de Valmor. Fabra no quiso pronunciarse sobre si, como afirma la querella de la fiscalía, se sintió engañado por Johnson. “Yo estoy muy tranquilo, como han podido ver, el informe del fiscal no le achaca ninguna responsabilidad al Consell”, argumentó Fabra, que recalcó: “Quiero dejar una cosa muy clara, trabajamos para que la F-1 no se siguiera realizando porque no teníamos dinero, lo que supuso un ahorro de 70 millones de euros, y priorizamos lo que era fundamental”.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción se dirige contra el expresidente Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el deportista y empresario Jorge Martínez Aspar por malversación de caudales públicos, prevaricación y, en el caso de la exconsejera, delito societario. Sin embargo, ello no impide que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Pía Calderón que instruirá el caso pueda ampliar la investigación a otros cargos.

En las filas del PP el temor porque la instrucción del caso provoque nuevas imputaciones era evidente. Sobre todo, entre quienes han estado vinculados al consejo de administración de Circuito del Motor, a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y a los miembros del Gobierno valenciano que participaron en las decisiones.

Anticorrupción constata, además, en su querella, que varios exaltos cargos de la Generalitat señalan en su descargo que recibieron órdenes directas de sus superiores políticos. El escrito de la fiscalía afirma que Francisco Camps actuó “con consciente desprecio a la legalidad vigente”.

Fiscalía recoge también en su querella el amaño realizado por Circuito del Motor con la firma Avega Soluciones Inteligentes Audiovisuales para instalar las pantallas en el circuito de F-1 en las ediciones del gran premio de 2008 a 2010 con contratos por valor de cerca de 1,5 millones de euros en su conjunto.

En el amaño de estos contratos se falsearon los documentos del expediente “con la connivencia de responsables de Circuito del Motor y de Valmor Sports”, que era quien “realmente decidía la contratación”.