ELA y LAB reclaman una política industrial que proteja el empleo

Las centrales sindicales ELA y LAB han reclamado una política industrial "real" que acabe con la desindustrialización, se base en el empleo y cuente con inversión pública. Además, ha acusado al Gobierno vasco de aplicar "políticas de ajuste y hacer propaganda", con planes como el de 'Ciencias, Tecnología e Innovación Euskadi 2020', mientras "apoya a la patronal para bajar salarios", respalda a las Haciendas para "bajar impuestos a los empresarios" y "alimenta" subvenciones y ayudas para la contratación "precaria". Estas centrales junto a ESK y las secciones sindicales de las empresas Alestis, Arkema, Candy, Condesa, Corrugados Azpeitia, Ecn Cable Group, Fundiciones Wec, Laminaciones Arregui, Tepsa, TS Fundiciones, Bionor, Cegasa, Orozko, Castimetal y Servimax, se han manifestado este sábado en Vitoria bajo el lema 'Benetako politika industriala orain, En defensa del empleo'.

Cientos de trabajadores han participado en esta manifestación que ha partido desde la plaza del Museo Artium hasta la Delegación de Industria. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha lamentado el cierre de las empresas y ha citado como ejemplo el anuncio realizado este pasado viernes de la planta de Arcelor Mittal en Salvatierra (Alava) que supone el despido de 54 trabajadores. Ante esta situación, cree que "no hay más salida que la reivindicación sindical y social para defender las condiciones de trabajo de las personas y sus empleos", y reclamar así que "exista una política industrial de verdad en nuestro país".

"No vemos que el Gobierno vasco tenga política industrial", ha criticado. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de Urkullu de "aplicar políticas de ajuste y hacer propaganda", en referencia al 'Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020' con el que "dice que tiene acordados más de 6.500 millones de euros para favorecer la política industrial cuando lo que ha hecho es sumar las partidas del presupuesto con políticas de ajuste, sumando anualidades para dar apariencia de que hay preocupación real". "En su día a día, el Gobierno apoya a la patronal en la defensa de la caída salarial y para bajar salarios; es un modelo tercermundista, así no se apoya a la actividad industrial", ha censurado. También ha criticado que el Ejecutivo apoya a las Haciendas para "bajar impuestos a los empresarios", "alimenta" subvenciones y ayudas para la contratación "precaria" y mantiene un sistema de formación que "en el Estado ha fracasado y que el gobierno ha copiado de manera absoluta"."Con esas políticas no se puede reconocer que el Gobierno tenga política industrial", ha lamentado. 

Una sentencia positiva" en opinión de ELA

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que mantiene los derechos de los convenios aunque se hayan caducado y se haya agotado el año de prórroga sin acuerdo, Muñoz ha valorado "positivamente" el contenido de esta sentencia pero de forma "parcial" porque "solo afecta a los trabajadores anteriores a la reforma laboral, mientras que a los nuevos se les puede hacer lo que se les está haciendo". Por ello, ha subrayado la necesidad de "potenciar con organización" la negociación colectiva y trabajar y movilizarnos para "evitar que el Gobierno le vuelva a dar a la patronal una nueva reforma laboral que es lo que ya están pidiendo, y lo que van a pedir tras conocer esta sentencia". La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, por su parte, ha reconocido que todavía deben analizar el contenido de la sentencia y sus consecuencias pero cree que con ella, el Supremo "acota la posibilidad que tenían las empresas para modificar, de forma unilateralmente y de forma drástica, las condiciones laborales de los trabajadores que contaban con convenio". Sin embargo, ha lamentado que la sentencia "no cuestiona la mayor, es decir, que los convenios colectivos se han liquidados, que el derecho a la negociación colectiva está totalmente neutralizado y que la gente que entra ahora en el mercado laboral, no tiene protección".

Etxaide ha explicado que en los últimos seis años se ha destruido en Alava el 10% del empleo, cifra que en el sector industrial asciende al 30%. "Hoy hablamos de once empresas que están a punto de cerrar cuando pueden y deben ser viables, pero se quieren cerrar porque hay otros tipo de intereses económicos por parte de sus dueños", ha lamentado. Tras asegurar que se trata de más de 2.000 puestos de trabajo "en peligro", ha criticado que las instituciones de Alava ni las vascas "no están haciendo nada". "Demandamos una política industrial real, una estrategia para parar la desindustrialización, que se base en el mantenimiento de los puesto de trabajo y en la generación de empleo, y pedimos inversión por parte del sector público", ha señalado.