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La restricción del tráfico en el barrio de Ópera y Sol se retrasa hasta febrero

Las negociaciones sobre carga y descarga obligan a aplazar al menos un mes la medida

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LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL (APR) EN MADRID 

El tira y afloja en las negociaciones con empresarios y transportistas sobre los horarios de carga y descarga, y el atasco de trabajo en la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid, desbordada por los proyectos que el Gobierno municipal quiere sacar adelante antes de las elecciones de mayo, causarán un retraso de al menos un mes en la entrada en funcionamiento del Área de Prioridad Residencial del barrio de Ópera.

La alcaldesa de la capital, Ana Botella (Partido Popular), se había comprometido a poner en marcha este sistema —que limita a los vecinos del barrio la circulación por la mayoría de calles— el próximo 1 de enero. No estará sin embargo hasta finales de ese mes o principios de febrero, y con toda probabilidad la actuación no será tan ambiciosa como en un principio se proyectó: la ampliación a los barrios de Sol y Palacio queda prácticamente archivada por falta de tiempo para concretarla antes de las elecciones.

El tráfico ya está restringido en dos de los seis barrios del distrito de Centro (que suma en total una población de 144.000 habitantes, más o menos como Salamanca o Lleida) por decisión del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular, 2003-2011).

Gallardón comenzó de forma experimental con una zona de Cortes en septiembre de 2004, y un año después lo extendió al resto de ese barrio, con 59 hectáreas y 11.000 habitantes. En julio de 2006, amplió las restricciones al barrio colindante de Embajadores, que ocupa 103 hectáreas y suma 45.000 habitantes.

El Ayuntamiento descarta ampliar los cortes a calles aledañas de Sol y Palacio

El Gobierno municipal, que dirige Ana Botella desde diciembre de 2011, se había comprometido a poner en marcha el próximo 1 de enero otra Área de Prioridad Residencial en Ópera, una zona de 50 hectáreas a caballo entre Sol y Palacio. Pero el pasado mes de septiembre desveló que planeaba ampliar el perímetro para cubrir por completo esos dos barrios (192 hectáreas y 30.000 habitantes).

Así lo habían solicitado los vecinos, muy enojados ante la perspectiva de convertirse en la única zona sin restricciones de tráfico de todo el centro histórico. La asociación de vecinos de Cavas y Costanillas considera que limitar el Área de Prioridad Residencial a Ópera, como finalmente se hará, convertirá el resto del entorno en “lugar de paso de vehículos”, condenándolo así al “absoluto abandono y desprotección”.

Las limitaciones en Chueca y Malasaña pueden quedar para el próximo alcalde

Pero al conocer los planes del Ayuntamiento los empresarios y comerciantes pusieron el grito en el cielo, y el Ayuntamiento decidió congelar la ampliación de las restricciones en Sol y Palacio hasta haberla negociado con profundidad con todos los afectados. De hecho, eso ha significado aparcarla definitivamente, puesto que no habrá tiempo antes de mayo para cerrar un acuerdo, y tienen prioridad en las negociaciones las futuras Áreas de Prioridad Residencial de Justicia y Universidad, los dos barrios restantes de Centro.

Ahora lo primero para el Ayuntamiento es cerrar el Área de Prioridad Residencial de Ópera, algunos de cuyos detalles técnicos están todavía en discusión. “Es un proceso muy complicado”, reconocen fuentes del área municipal de Medio Ambiente y Movilidad.

El Ayuntamiento está intentando cuadrar los horarios de carga y descarga en Ópera para que los transportistas puedan ajustarse con los que ya están en vigor en el resto de zonas restringidas. Si en el barrio de Cortes el horario va de ocho a once de la mañana, y en Embajadores de diez de la mañana a una de la tarde, en Ópera se intenta cerrar otro más tardío, por ejemplo de mediodía a tres de la tarde. Los transportistas presionan además para que se permita acceder a la zona a camiones de mayor tonelaje, y para que los vehículos menos contaminantes cuenten con un horario más amplio para incentivar así su uso.

Una vez se cierre al tráfico la zona de Ópera, llegará el turno de poner en funcionamiento las dos Áreas de Prioridad Residencial prometidas por el PP para los barrios de Justicia (con 74 hectáreas y 16.000 vecinos, comprende las zonas de Chueca y Alonso Martínez) y Universidad (con 95 hectáreas y 31.000 vecinos, aglutina Malasaña y Conde Duque).

El Ayuntamiento había avanzado que estarían listas antes de las elecciones, pero ahora prefiere curarse en salud, dado lo apretado de los plazos. Ya se han mantenido reuniones con los vecinos, y “hay ganado mucho” gracias a las negociaciones sobre carga y descarga de la zona de Ópera.

Aun así, fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad aseguran que, en caso de no lograrse la aprobación en firme antes de las elecciones, sí quedaría todo preparado al menos para que fuera el próximo alcalde quien concluyera los trámites. No dudan estas fuentes de que será así, de que el trabajo no se perderá ni en el caso de que gane los comicios un partido de otra ideología, puesto que la estrategia de las Áreas de Prioridad Residencial como instrumento para aliviar el tráfico y reducir la contaminación cuenta con el respaldo de todas las formaciones ahora con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE, IU y UPyD).

“Los madrileños están contentos”

“La ciudad de Madrid no se plantea restringir el tráfico privado en toda la almendra central al mismo tiempo sino continuar con las medidas de priorización de la circulación residencial en zonas concretas”, señaló ayer la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), que considera “sin duda un éxito” las medidas adoptadas ya en ese sentido en los barrios de Cortes y Embajadores (en el distrito Centro). “Tenemos menos tráfico dentro de la ciudad, más espacio para la bicicleta, que ha sido un acierto, y los madrileños están contentos”, añadió ayer Botella.

La regidora presentó ayer un plan de eficiencia energética que, según dijo, contribuirá también a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Se renovarán los semáforos, las fuentes ornamentales y la iluminación de los túneles municipales con el objetivo de reducir el consumo anual del Ayuntamiento un 36%, lo que equivale al gasto eléctrico anual de 226.000 hogares (115 millones a lo largo de ocho años), según afirmó la alcaldesa. El coste total del contrato suscrito por el Ayuntamiento durante esos ocho años es de 772 millones de euros, y conllevará una inversión total de 144 millones. En cuanto al factor medioambiental, con estas actuaciones se evitará la emisión de más de 168.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente al gas generado por 115.000 vehículos, según los cálculos del Ayuntamiento.

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