La juez Alaya da el primer paso para inhibirse en el ‘caso Madeja’

La juez Mercedes Alaya ha dado un paso más en su instrucción del caso Madeja, que investiga el presunto pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de la adjudicación de obras públicas. La magistrada ha preguntado a la Fiscalía de Sevilla si la Audiencia Nacional debe asumir la investigación después de que en su última fase, denominada Operación Enredadera, las pesquisas se hayan extendido a 13 provincias. La petición de la magistrada es un trámite previo a la decisión de su inhibición total o parcial del caso en favor de la Audiencia Nacional. Alaya da este nuevo paso apenas quince días después de haber levantado el secreto de sumario y tras más de 17 meses de investigación.

En un auto fechado el pasado día 15, la juez pide al ministerio público que se pronuncie sobre si su juzgado sigue siendo competente para instruir la causa tras la onda expansiva que, a mediados del pasado noviembre, supuso la Operación Enredadera, que se desarrolló en siete comunidades autónomas. O si, por el contrario, es la Audiencia Nacional la que debe tomar las riendas de la investigación, que supera el medio centenar de imputados. Esta tercera y última fase del caso Madeja se saldó con 32 detenidos y 10 registros en provincias como Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Entre los arrestados figuraban políticos (de PP, IU y Coalición Canaria), funcionarios de alto nivel y técnicos de Ayuntamientos, Diputaciones y el Ministerio de Fomento.

Tras esta última gran operación, el Gobierno andaluz ya cuestionó la continuidad de Alaya al frente del caso. Según el consejero de Justicia, Emilio Llera, este debía pasar a manos de la Audiencia Nacional. “Desde luego parece que debe ser competencia de la Audiencia Nacional visto que se han producido hechos no solo en distintas ciudades, sino en distintas provincias y comunidades autónomas”, aseguró Llera. Ahora es la fiscalía la que debe pronunciarse.

La causa supera el medio centenar de imputados en sus 17 meses de instrucción

La juez Alaya mantiene en sus escritos que Fitonovo era una “organización criminal jerarquizada” y que sus tentáculos se extendieron por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos. La magistrada va más allá al asegurar que las comisiones eran “una de las estrategias cardinales de la empresa”. Según un informe de la Guardia Civil, la contabilidad B de Fitonovo arroja que estas mordidas superaron los dos millones de euros durante una década (2003-2012). Entre las cantidades más llamativas, se encuentra el millón de euros abonado al directivo de la empresa pública Adif Enrique José Finch.

En este sentido, y según los autos conocidos tras levantarse el secreto de sumario, Alaya sostiene que Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a Izquierda Unida a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla. En concreto, los socialistas habrían recibido pagos por valor de 3.000, 30.000 y 60.000 euros, “llegándose a abonar la suma de 123.000 euros”. Por su parte, IU habría recibido 155.000 euros. Alaya les acusa de financiarse con estos sobornos, sin aportar pruebas que certifiquen cómo acabó el dinero en sus arcas, a cambio de adjudicar a la empresa Fitonovo contratos municipales cuando ambos partidos gobernaron el Ayuntamiento de la capital andaluza. La magistrada señala al exconcejal socialista Manuel López Cobos y a los exconcejales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García —quien dimitió a finales de noviembre como portavoz acorralado por el escándalo—.

Por otro lado, los investigadores también acusan a los dueños de Fitonovo de mantener una “constante facturación falsa de proveedores y acudir a ampliaciones de capital y constituir nuevas sociedades” con fines ilícitos. “Se habría movido un ingente capital opaco”, dice Alaya. La investigación subraya cómo gracias a las facturas falsas Fitonovo pagó 4,4 millones desde la caja B para sueldos a sus empleados, entre ellos al estadounidense Randy Sharberg, acusado de pagar en efectivo un soborno de 130.000 euros para el polideportivo El Calvario de Algeciras.