El juez aprueba el concurso del mayor rascacielos de Benidorm

Olga Urbana, la promotora del edificio que corona Benidorm, está en manos de la abogada que gestionó los concursos de acreedores de Martin Fadesa, la mayor suspensión de pagos de la historia empresarial española, o el Grupo Llanera, otro símbolo del auge y caída del sector inmobiliario español. El juzgado número uno de lo Mercantil de Alicante ha pedido a Antonia Magdaleno, una de las letradas que más intervenciones concursales atesora en España, que tome el control de una compañía que no presenta cuentas desde 2009 y a la que se le presupone una deuda de 100 millones de euros.

El concurso se originó a petición de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, popularmente conocido como banco malo), que se quedó en diciembre de 2012 con la deuda que Olga Urbana mantenía con NCG Banco (antigua Nova Caixa Galicia). La promotora se encuentra en una situación de insolvencia y es incapaz de rematar un edificio al que solo le faltaba un 7% de la obra prevista cuando la Sareb asumió el pasivo de la mercantil y que debía ser el rascacielos residencial más alto de la Unión Europea.

En el plazo de dos o tres meses, la promotora tendrá que ofrecer claridad en las cuentas que hay detrás de este titán de hormigón, en realidad dos torres que se levantan en el aire confluyendo en una especie de diamante gigantesco a 200 metros de altura. La empresa, se encuentra en una situación de impago generalizado, duro destino para un edificio que en su web promocional todavía se anuncia como "un incuestionable estandarte de futuro" en la playa de Poniente de Benidorm.

El presente del rascacielos, de momento, pasa por conocer si su promotora tiene viabilidad y las posibilidades de alcanzar un acuerdo con su principal acreedor, la Sareb, o puede ser directamente liquidada. Magdaleno, cuyo despacho tiene sede en Valencia y oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao, no es ajena a estos procesos dentro y fuera del mundo inmobiliario habiendo participado en sonadas quiebras como la del grupo constructor Urazca o Grupo Marsans. La letrada administró las cuentas del expresidente de Marsans y exjefe de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión a la espera de juicio por supuestamente vaciar Marsans para eludir el pago a los acreedores.

La historia del InTempo es paradigmática dentro de la locura por el ladrillo en la que se sumió España y la Comunidad Valenciana, o Alicante en particular. InTempo vive el sino de todos los proyectos llamados a ser un hito en Benidorm, la ciudad europea con mayor concentración de rascacielos. Le pasó a Torre Lugano, que acabó en un rosario de denuncias por parte de los propietarios; o al edificio Bali, el más alto hasta que llegó el InTempo y que tardó 15 años en construirse.

El proyecto se ha convertido en un culebrón del que incluso existe un documental realizado por Kono Estructuras, la mercantil que levantó el inmueble y a la que Olga Urbana debe un millón de euros. Son múltiples las denuncias de los proveedores y un juez llegó a emitir una orden de detención contra el principal administrador de Olga Urbana, José Ignacio de la Serna, por no presentarse en un juicio alegando enfermedad. Los propios socios solidarios del proyecto acabaron peleados en una carrera por ver quién vendía antes el edificio a inversores extranjeros, grupos financieros que, tras ser anunciados, o bien no existían o se echaron para atrás. Y todo comenzó con la constitución de Olga Urbana con un capital de 3.100 euros y la petición de un crédito de 93 millones para levantar un rascacielos que hasta los arquitectos abandonaron a mitad de proyecto.