Hacienda reclama cuatro millones a una de las hijas de Muñoz Ramonet

El litigio que enfrenta desde hace décadas a las cuatro hijas de Julio Muñoz Ramonet y el Ayuntamiento de Barcelona por la fabulosa colección de arte que el industrial dejó en herencia a la ciudad al morir en 1991, no es el único asunto legal que ha llevado a los tribunales a las herederas. La Inspección de Hacienda reclama el pago de más de cuatro millones de euros del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la tercera de las hijas, Alejandra Muñoz Villalonga, la única que vive en Cataluña, pese a que han pasado 23 años de la muerte de su padre y pese a los recursos que ha presentado en los juzgados estos años.

En 1995 la Inspección de Tributos de la Generalitat y la Agencia Tributaria pidieron a Alejandra que aportara datos sobre la ampliación de capital social realizada en abril de 1991 en Culturarte, la empresa de la que su padre era único accionista, que pasó de tener un capital de 150.000 euros a 1,2 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones que suscribieron tres de las hermanas, una operación que se realizó un mes antes de fallecer su padre. Entre la información que se le pidió estaba una relación y valoración de las obras de arte que formaban parte de la colección, que era el único activo de Culturarte, y las pólizas contratadas para asegurarlas.

Según la Inspección, que destaca la poca o nula colaboración y “obstrucción a la tarea inspectora”, existen varias pólizas suscritas entre octubre y noviembre de 1991, entre ellas, una de 18,7 millones de euros por la que aseguraban el transporte de más de 300 obras de arte desde Barcelona a Madrid (por lo que se demostraría que la colección salió del palacete de la calle Muntaner una vez muerto Julio Muñoz) y otra de 21 millones de euros, cantidad por la que aseguraron las obras de arte depositadas en un palacete madrileño de la calle Villanueva.

Después de dos años, en junio de 1997, la Inspección le comunicó a Alejandra que la operación de ampliación llevada a cabo con sus hermanas en 1991 fue, en realidad, “un negocio indirecto que tributa como transmisión lucrativa gravada con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, y que este tipo de negocio es una “pantalla jurídica” y se le reclama una deuda tributaria de más de cuatro millones de euros (2,4 de cuota y 1,6 por los intereses de demora desde 1991). Alejandra, después de firmar un acta de disconformidad, presentó una reclamación económica ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC). Ese tribunal le dio la razón parcialmente y corrigió los intereses de demora. Pero luego, el Tribunal Económico Central (TEAC) acabó desestimando el recurso de la hija del industrial en 2002. Toda esta maraña de pleitos queda recogida en la sentencia de octubre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que, de nuevo, desestima la pretensión de los representantes de Alejandra Muñoz.

La hija del empresario fallecido quiere

Lejos de conformarse y abonar la deuda, que según fuentes de la Agencia Tributaria sigue generando intereses, se presentó una nueva acción judicial, en casación ante el Tribunal Supremo, que en marzo de 2011 volvió a rechazar. Ese tribunal argumentaba: “Estamos ante un negocio simulado que encubre otro disimulado encaminado a provocar un desplazamiento patrimonial gratuito”. Los jueces consideraron que se trataba de un “negocio indirecto” y de “incremento patrimonial gratuito”.

Desde un primer momento la negativa a pagar el Impuesto de Sucesión y la lucha por la propiedad de las obras discurrió de forma paralela. Pero en marzo de 2012 los dos asuntos acaban juntándose. El Tribunal Supremo confirma que el propietario de las obras de arte no son las hijas, sino el Ayuntamiento de Barcelona y en concreto la Fundación Julio Muñoz Ramonet, creada por el Ayuntamiento en 1995 tras enterarse de la herencia que había recibido cuatro años antes.

Con ese fallo definitivo, Alejandra Muñoz elevó un nuevo recurso, un extraordinario al TEAC, para que revisara su caso y poder desentenderse de la deuda fiscal. Y otro más ante el TSJC, tribunal que todavía no se ha pronunciado y que ha de acabar diciendo la ¿última? palabra sobre quién ha de abonar el Impuesto de Sucesiones.

“La administración tributaria mantiene abierto un procedimiento por el cobro de una deuda contraída por el Impuesto de Sucesiones, la ejecución de la cual está suspendida por el TSJC, hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del litigio”, se limitan a asegurar desde Economía de la Generalitat.

Se puede dar la paradoja que sea el Ayuntamiento de Barcelona quien tenga que pagar finalmente por unas obras de arte que no tiene y que retienen “desaparecidas” las hijas de Julio Muñoz desde 1991. El portavoz de las hermanas no da detalles y responde con un lacónico: “La familia no quiere hacer declaraciones de una cuestión privada”.