Jugadores de ventaja

Nunca como ahora, con unas posibles elecciones al Parlament de Catalunya que algunos pretenden convertir en un sucedáneo de referéndum de autodeterminación, había emergido con mayor fuerza el enorme fraude político que supone que Cataluña siga sin una ley electoral propia, incumpliendo así flagrantemente lo establecido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de 1979. No deja de sorprender que algunos partidos políticos que se lamentan mañana, tarde y noche de que el Gobierno español impida a los catalanes ejercer el manido derecho a decidir no vean ninguna contradicción en el hecho de no haber decidido durante más de tres décadas sobre algo para lo que estaban facultados, nadie les ponía obstáculo alguno y, además, era un imperativo legal libremente autoimpuesto y refrendado por la ciudadanía catalana.

La extrañeza se desvanece a poco que se observen los resultados que se han derivado de funcionar con un régimen electoral pre-estatutario y teóricamente provisional. Como los principales beneficiados de tal anomalía legal son quienes vienen disfrutando del poder de forma casi ininterrumpida durante estos más de 30 años, se entiende que no hayan tenido el más mínimo interés en cumplir con un mandato de ese Parlamento cuya condición soberana tantas veces se invoca en relación con otras cuestiones que a algunos nos pueden parecer menos relevantes que aquella que establece las reglas por las que se rige la representación política de los ciudadanos, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

Merece la pena recordar que CiU y ERC consiguieron su actual mayoría absoluta con un 44,40% de los votos, y aún les sobraron tres escaños.

¿Qué motivo podrían tener los dirigentes de CiU para modificar una normativa electoral que les ha permitido ganar en número de escaños las diez elecciones autonómicas celebradas desde 1980, incluso cuando —como en 1999 y 2003— fue el PSC el ganador en número de votos? ¿Y qué motivo tendrían los de ERC, segunda fuerza en escaños pese a ser la tercera en votos en 2012? Obviamente, ninguno. Esta situación, de bajísima calidad democrática, se convierte en puro ventajismo político si se pretende aprovechar para derivar de unas elecciones autonómicas unas consecuencias que van mucho más allá de la simple elección de diputados para configurar mayorías con las que gobernar el país.

Conviene prestar un poco de atención a los resultados de las 10 elecciones autonómicas que se han celebrado hasta la fecha. Con la excepción de la primera, en 1980, la suma de CiU y ERC siempre ha dado mayoría absoluta de escaños, aunque solo en cuatro ocasiones lo fue también en votos. Desde la elección de 1999, esa mayoría absoluta de escaños no lo ha sido nunca en sufragios. En las diez elecciones, la suma conjunta de diputados de ambas formaciones políticas ha tenido una prima de entre 3 y 11 escaños sobre lo que les hubiese correspondido en un reparto estrictamente proporcional. Once en la presente legislatura. Sin prima alguna, CiU y ERC deberían sumar solo 60 diputados en el Parlament actual, a ocho por tanto de la mayoría absoluta.

En el Congreso de los Diputados ocurre algo parecido —con perversos resultados electorales a favor históricamente del PP y el PSOE— por la combinación de la ley D'Hondt con la existencia de muchas circunscripciones que eligen muy pocos diputados. En las elecciones al Parlament, la desviación se produce no tanto por los efectos de la ley D'Hondt como por un reparto del número de escaños entre las cuatro provincias que prima fuertemente a las tres menos pobladas, con mayor peso de las áreas rurales y predominantemente nacionalistas. En las elecciones de 2012, por ejemplo, se escogió un diputado por cada 46.141 habitantes en Barcelona, 30.284 en Tarragona, 28.844 en Girona y 20.036 en Lleida.

Un voto en Lleida vale, pues, más del doble que en Barcelona; en Girona y Tarragona, una vez y media más. Este desafuero ha beneficiado siempre a CiU y ERC, con dos efectos fundamentales: garantizar a los primeros el casi monopolio del Gobierno y de su Administración, y ayudar a construir la deformada imagen de una sociedad catalana abrumadoramente nacionalista.

Ahora la cosa es más grave. A pesar de que Artur Mas no ha dejado de repetir desde 2012 que el proceso de independencia debía hacerse con grandes mayorías, ya se anuncia que una mayoría absoluta en el Parlament (por tanto ¿de escaños?) bastaría para dar por convalidada la independencia por parte de la ciudadanía catalana. Para el caso, merece la pena recordar que CiU y ERC consiguieron su actual mayoría absoluta con un 44,40% de los votos, y aún les sobraron tres escaños.

Por más que se empeñen algunos partidos y alguna asociación que se apropia sin rubor de la representación nacional, es más que dudoso que unas elecciones al Parlament sean aceptadas por nadie fuera de Cataluña (ni por muchos dentro) como un plebiscito sobre la independencia. Si, además, para cantar victoria se cuentan diputados y no votos, estaremos ante una fullería propia de tahúres del Misisipi.

Francisco Morente es profesor de Historia Contemporánea en la UAB.