La izquierda amenaza con llevar al juzgado las cuentas de Fabra

La diputada de Compromís Mireia Mollà dijo que el presupuesto de la Generalitat para 2015 “no es legal” y anunció que su grupo renunciaba a defender sus enmiendas en la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas en protesta por que el PP mantenga como ingresos los más de 1.000 millones de euros de anticipo del Fondo de Competitividad de 2017 después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertara de que no puede computarse porque no está previsto en los Presupuestos Generales del Estado, algo que exige la ley. Mollà anunció que Compromís está dispuesto a llevar a los tribunales las cuentas del Consell que preside Alberto Fabra por vulnerar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

“Nos reservamos las medidas legales oportunas”, advirtió el socialista Francisco Toledo sobre lo que calificó como “unos presupuestos fraudulentos”. El diputado volvió a reclamar, como ya hizo su grupo por escrito, los informes de la Intervención General, la Abogacía de la Generalitat y las direcciones generales de Presupuestos y Patrimonio que avalen la inclusión de 1.057 millones procedentes del supuesto anticipo en las cuentas de 2015. “Van a crear un agujero de más de mil millones al próximo Gobierno valenciano”, denunció Toledo, que explicó que si ese agujero no se produce en 2015, como indica la advertencia de la Autoridad fiscal, se producirá en 2017. El diputado dio una última oportunidad al PP para que resuelva el asunto. “Si llegado el pleno no lo han resuelto, tendremos una actuación contundente”, anunció.

“Una mayúscula irresponsabilidad” es la inclusión del anticipo para justificar supuestos ingresos de la Generalitat, según el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró. El parlamentario abundó en la “ilegalidad” de unos ingresos que no están garantizados. Los populares, por boca de Jaime Mundo y Eduardo Ovejero, y también de su portavoz, Jorge Bellver, sostuvieron que la ley autoriza a la Generalitat a reclamar el anticipo y que eso ya lo hace legal, aunque no se refleje en los Presupuestos Generales del Estado. Como ya hiciera el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, apelaron a que el Gobierno central haga “un anticipo de tesorería extrapresupuestario”.

Por otra parte, la junta de Portavoces acordó prolongar el actual periodo de sesiones de las Cortes Valencianas hasta el final de la legislatura. De esta manera, el mes de enero, habitualmente de vacaciones, será hábil y no hará falta volver a tramitar las iniciativas que decaigan, como ocurriría si se pasara a un nuevo periodo, aunque se habilitara ese mes. La previsión es que el Parlamento sea disuelto a finales de marzo ante la convocatoria de elecciones autonómicas de mayo. Todos los grupos apoyaron la medida.