Bildarratz, representante del Senado en el Consejo de la Transparencia

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, es el único candidato que se ha registrado en la Cámara Alta para representar a la institución en el Consejo de la Transparencia, al abrirle el camino el PP tras no llegar a un acuerdo con el PSOE sobre un reparto de puestos en este nuevo órgano.

El plazo para proponer candidatos en el Senado ha concluido a las 18 horas y el de Bildarratz ha sido finalmente el único nombre registrado, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha optado por no presentar ningún aspirante y apoyará al del PNV, aunque sí presentará un candidato en el Congreso, donde el plazo concluye a las 20 horas.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entra en vigor este miércoles, reserva dos puestos para las Cortes Generales en este Consejo, un asiento para el Congreso y otro para el Senado. En estos casos, los dos grandes partidos se suelen repartir esas plazas, como así se hizo a principios de legislatura con la Agencia de Protección de datos, de formato similar.

Pero esta vez el PSOE se ha negado a un acuerdo bilateral con el PP y propuso cambiar el sistema de elección para sortear los puestos entre todos los grupos. El PP rechazó la idea y, ante el desmarque de los socialistas, abrió conversaciones con los nacionalistas de CiU y del PNV. Así las cosas, los 'populares' presentarán un candidato en el Congreso y ceden el puesto a los nacionalistas vascos en el Senado.

Los vocales serán nombrados por cinco año y sin remuneración

Las Cortes no son las únicas que deben elegir a su representantes en el Consejo de la Transparencia, que incluye otros cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió hace unas semanas sendos oficios a estas instituciones para que se pusieran manos a la obra. Algunas como el Tribunal de Cuentas, todavía tienen pendiente decidir su candidato, mientras que el Defensor del Pueblo ya ha dado a conocer que su vocal en el consejo será su secretario general, José Manuel Sánchez Saudinós.

La intención del Gobierno es aprobar la composición completa del Consejo este viernes para constituirse bajo la presidencia de la experimentada funcionaria Esther Arizmendi, que ya está nombrada.

Conforme a la ley, los vocales serán nombrados por cinco años, igual que en este caso la presidenta del Consejo de la Transparencia pero, a diferencia de ésta, ellos si podrán prorrogar su mandato otro lustro. Aunque el Estatuto del Consejo de la Transparencia no hace referencia al régimen retributivo de los vocales, el artículo 36 de la Ley de Transparencia deja claro que no tendrán "dedicación exclusiva" ni derecho a "remuneración". Sólo señala una excepción, la reunión que, al menos una vez al año, habrá de convocar la comisión a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.

La presidenta del Consejo, por su parte, percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.