La muerte del comercio tradicional

Este 31 de diciembre caduca una parte de los alquileres de locales comerciales, como resultado del Decreto Boyer de 1985, que dejó de proteger al arrendatario, y de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, de 1994, que concedió una prórroga de veinte años. Esta liberalización del mercado, que afecta a unas 200.000 tiendas en ciudades españolas, se empieza a notar en localidades catalanas. Se calcula que en el centro de Barcelona están desapareciendo una cincuentena de antiguos negocios emblemáticos. Mientras el precio se ha multiplicado aproximadamente por diez en relación a los alquileres anteriores, los grupos internacionales de inversores se han posicionado en estos últimos años, expulsando el comercio tradicional y aprovechándose de unas cualidades urbanas que han sido la ciudadanía y los comerciantes quienes las han mantenido vivas y enriquecido.

Los cierres son ya notorios, como el inquietante caso de tantas librerías en estos últimos meses: Canuda, Catalonia, Ona, Áncora y Delfín, Roquer o Documenta. Es de esperar que no se consiga eliminar la cultura crítica y que surja una nueva generación de libreros y libreras. Otras tiendas se han tenido que trasladar, como Casa Piera de Bellas Artes; o encoger drásticamente, como la decana El Palacio del Juguete, que de pagar 1.000 euros debía pasar a pagar 35.000 al mes. Desaparecen colmados como Forcada y Quílez; tiendas como la joya modernista de la Filatelia Monge; el Musical Emporium, en la Rambla; la sastrería Deulofeu, en la plaza San Jaume; la chocolatería Fargas; la pastelería Nova Montserratina; o la mítica de paños El Indio, que ya solo quedará en el recuerdo y en las novelas de Carlos Ruiz Zafón.

Algunos han conseguido negociar, como La Colmena, cuyo dueño ha logrado un arreglo por debajo del precio de mercado: de pagar 1.000 euros ha pasado a pagar 7.500. Y es que los locales que están bien situados en el centro histórico de Barcelona pagan alquileres de entre 10.000 y 20.000 euros al mes. Los precios en el Paseo de Gracia rondan los 100.000 euros, una cantidad desorbitada que solo pueden pagar las tiendas que venden a precios muy altos, las franquicias que quieren situarse como publicidad aunque no obtengan beneficios, o los que se dedican a blanquear dinero en unas tiendas en las que no se ven clientes.

Esta eutanasia de la ecología de las calles tiene efectos negativos sobre la calidad de vida de los barrios: disminuye la variedad y se pierden irreversiblemente valores históricos. Comporta, además, efectos secundarios perversos. Al ser sustituidas por badulaques, outlets, tiendas de souvenirs o nuevos negocios, estas plantas bajas ya no necesitan diseño: se montan con cuatro euros; o siguen el protocolo homogeneizador de las franquicias y cadenas multinacionales; o están proyectadas por grandes empresas de arquitectura corporativa. Con ello ha desaparecido aquel interiorismo experimental e innovador que fue característico de la Barcelona postmoderna. Y el paisaje que queda es, generalmente, hortera y, siempre, homogeneizador.

Los locales que están bien situados en el centro histórico de Barcelona pagan alquileres de entre 10.000 y 20.000 euros al mes

Fuimos hace tiempo la ciudad de los cafés, casi todos desaparecidos; fuimos una ciudad emblemática por su interiorismo hace un par de décadas, del que hoy pueden vivir muy pocos estudios de arquitectura y diseño; y hemos tenido preciosos comercios tradicionales, bastantes de los cuales en el 2015 habrán sido sustituidos por negocios de la globalización.

Ante esto, el desinterés, falta de previsión e inutilidad del actual Ayuntamiento de Barcelona es escandalosa. La protección a última hora de 400 establecimientos, suspendiendo las licencias de actividad y obras, va a servir de poco. Las intenciones del Ayuntamiento van en el sentido contrario: la liberalización de horarios penaliza al comercio tradicional y a sus trabajadores; y las obras que se han realizado, en el Paseo de Gracia y en la Diagonal, han sido planificadas para que propietarios e inversores se apropien de la renta que monopoliza los beneficios generados por la construcción colectiva de la ciudad.

Está claro que el actual Ayuntamiento no tiene ninguna intención en afrontar los problemas que afectan a su ciudadanía. Sin embargo, cada día que pasa es más urgente definir un modelo de comercio para la ciudad, estableciendo una política de protección del patrimonio histórico y de los intereses colectivos; promoviendo con los planes de usos la diversidad, la proximidad y la calidad estética del comercio; intensificando inspecciones para visibilizar la circulación mafiosa de dinero negro; y fiscalizando sobre las plusvalías, para que estas no sigan enriqueciendo a los mismos, sino que reviertan en la mejora de la ciudad.

Estamos retrocediendo en calidad y diversidad de lo cotidiano, dilapidando nuestra memoria y potenciando una imagen urbana vulgar y anodina. Tras el esfuerzo hecho en los años de democracia mejorando el paisaje urbano, este Ayuntamiento, que es incapaz de valorar el patrimonio, ha degollado y descuartizado la gallina de los huevos de oro, y la ha vendido en el outletde la esquina.

Josep Maria Montaner, arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.