Los taxistas madrileños denuncian a diez conductores de Uber

"Nosotros no tendríamos que hacer de policías, no es nuestra función", explica Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Sin embargo, la asociación ha denunciado a diez conductores de Uber ante la Dirección General de Transportes, para que esta "tome medidas" contra ellos. Los taxistas han solicitado servicios trampa a los conductores de la aplicación para obtener pruebas contra ellos. "Tenemos direcciones, matrículas, cargos de tarjetas de crédito y capturas de pantalla", dice Sanz, que no descarta seguir con las pesquisas contra la aplicación de servicio de transporte por Internet, lanzada en la capital el pasado septiembre. 

Madrid fue la segunda ciudad española en la que la que se asentó la empresa estadounidense, después de Barcelona (abril) y antes que Valencia (octubre). Uber pone en contacto a usuarios y conductores —sin licencia ni permiso de conducir para transporte de viajeros, de ahí que sea considerado ilegal— y se queda con el 20% del precio de la carrera. Aunque la compañía no da cifras del número de conductores ni de viajes, su vicepresidente, Nial Wass, aseguró en noviembre que la aplicación se ha extendido en España 3,5 veces más rápido que en Inglaterra y Francia. Pese a las protestas de los taxistas y las sanciones de la administración, no piensa detener su implantación.

El objetivo de las denuncias, explica el presidente de la asociación, es presionar a la Comunidad de Madrid para que modifique la ley y facilite la inmovilización de taxis piratas. Ahora, un coche que transporte a viajeros sin licencia puede ser inmovilizado solo si ya ha sido sancionado por la misma razón en los 12 meses anteriores. Los taxistas buscan eliminar esta condición previa. La Comunidad niega que esto sea una posibilidad: "Los procedimientos administrativos son garantistas. No estamos hablando de una sanción penal". El Gobierno regional indica que la ley de transportes se modificó el pasado eneroy se incluyó la inmovilización como medida contra el transporte ilegal.

Los taxistas denuncian que la Comunidad ha incumplido la promesa que les hizo el pasado septiembre de intensificar las inspecciones y mantener reuniones semanales para tratar el tema. "Si no hacen algo, nos vamos a creer que Uber es capaz de comprar a todo y a todos", afirma Sanz. "Estamos haciendo nuestro trabajo con Uber como con cualquier otro transporte ilegal", insiste un portavoz de la Consejería de Transportes, que indica que ya se han abierto 23 expedientes a colaboradores de la aplicación y 25 a la empresa.

Las denuncias de la Federación llegan dos semanas después de que la policía detuviera a cinco taxistas por amenazar, supuestamente, a un conductor de Uber al que ya habían denunciado. Julio Sanz condena "los actos que conducen a la violencia", pero añade: "Cuando un sector se ve insultado, como nosotros, ya avisamos de que alguien se podía tomar la justicia por su mano. Eso no está bien, pero si ocurre, las responsables serán las administraciones". La Comunidad recuerda que la Federación "no es una autoridad" y que los taxistas "no tienen competencia de inspección": "Abriremos un expediente informativo para ver si lo que se denuncia es real".