Un tranvía con sobrecoste del 38%

El tranvía de Parla tuvo un sobrecoste del 37,96% tras los modificados presupuestarios aprobados durante el mandato de Tomás Gómez como alcalde (1999-2008) y el de su sucesor y exconcejal de Hacienda, José María Fraile. La infraestructura se adjudicó inicialmente en 108 millones de euros (93,5 millones más IVA), a los cuales se sumaron posteriormente otros 41 millones (36 millones más IVA) por obras añadidas sobre la marcha y con el visto bueno posterior del órgano de contratación (Consorcio Regional de Transportes), ya con el tranvía en funcionamiento, según las actas de dos juntas de gobierno y demás información a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

El transporte se inauguró menos de un mes antes de las elecciones municipales de mayo de 2007. En marzo de ese año, el Consorcio advirtió al concejal de Urbanismo y actual abogado del PSM, Wilfredo Jurado, de las “numerosas modificaciones del proyecto por parte del Ayuntamiento de Parla sin seguir los procedimientos adecuados”. Un mes después de la inauguración del tranvía, el Consorcio dio por buenas las obras: “Se han ejecutado conforme a los proyectos aprobados”, señala un acta de comprobación de ejecución de obra.

El actual responsable de los socialistas madrileños se coronó en esos comicios como el alcalde más votado de España en municipios con una población superior a las 50.000 personas, con el 74,43% de los votos (el PP, segundo, obtuvo el 16,61%) y 20 de los 25 concejales. En 2003 había logrado los mismos ediles con un resultado similar (75,35% y también 20 ediles).

Gómez, actual secretario general del PSM, no asistió a la Junta de Gobierno celebrada el 22 de diciembre de 2006 —año y medio después de que fuera adjudicado el contrato a un consorcio compuesto por Acciona, FCC, Detren y Caja Castilla-La Mancha para la construcción, conservación y explotación de la infraestructura—, en la que se modificó el contrato de concesión original. Fraile, entonces primer teniente de alcalde, presidió la reunión.

La Junta de Gobierno de la que Gómez se ausentó aprobó un “importe adicional total” al plan inicial de 22,7 millones, IVA aparte. Más de la mitad fue para un proyecto de adecuación urbanística por 13,9 millones con “aportaciones no contempladas en el proyecto presentado y remitidas a fase posterior de definición más de detalle”.

También hubo un incremento de 824.000 euros en el proyecto de la carretera M-408, lo que dejó el precio final en 1,2 millones. La remodelación de la estación de Cercanías de Parla y la instalación de un ascensor supuso otros 2,8 millones y dejó el proyecto en 3,8 millones. En el Ayuntamiento de Parla, que desde mediados de noviembre cuenta con la socialista Beatriz Arceredillo como nueva alcaldesa, no entienden por qué pagaron las obras de un nudo de comunicaciones que es competencia del Estado. Arceredillo es muy crítica con Gómez y Fraile.

Otra modificación al alza del importe de nueve unidades móviles (tranvías) supuso 2,6 millones extras. El incremento por unidad fue de casi 290.000 euros, lo que dejó el precio final reconocido de los convoyes en 21,2 millones. La moción iba acompañada de una comunicación de Mintra y de un informe de Metro de Madrid, responsable de la asistencia técnica, “comprensiva de las causas de la modificación y los conceptos”.

El proyecto de construcción de un colector de 1.500 centímetros cúbicos superó a su vez los 889.000 euros: el precio final reconocido de esta obra fue de 904.200 euros. También aumentó la cantidad destinada a aparcamientos disuasorios, con 287.000 más de euros que dejó la partida en 804.000 euros.

El proyecto de demolición y el derribo de la antigua Casa de la Juventud, así como la redacción del proyecto de la nueva Casa de la Juventud —se levantó en otro lugar y se financió con 3,2 millones del Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero— y del traslado de un negocio de arreglo de lunas de coche que estaba en un tramo peatonalizado conllevó otros 582.900 euros. Los trabajos de retirada de placas de fibrocemento de una nave que interceptaba la traza del tranvía supuso 28.953 euros. Estas partidas no estaban previstas de origen, como 270.400 euros para la canalización de aguas recicladas tras un acuerdo con el Canal para instalar tuberías de agua tratada.

El Ejecutivo municipal aumentó más todavía el coste de algunas de esas obras extra en junio de 2009. La junta local, ya con Fraile de alcalde, incluyó otras nuevas por valor de otros 13,3 millones (más IVA), entre ellos 5,5 millones para mobiliario urbano que no se había previsto antes “para zonas de juegos, esculturas urbanas, juegos infantiles, fuentes y otros elementos ornamentales”. El importe por el expediente de liquidación del tranvía también fue de 5,5 millones. Y se dio el visto bueno a 1,2 millones para “un nuevo paso inferior” en la M-408.

Gómez defendió ayer su gestión como alcalde de Parla. “Dejé el Ayuntamiento con una obra ejecutada, que se licitó en 125 millones y que se ejecutó finalmente en 129 millones”, afirmó el líder del PSM, que responsabilizó a Fraile, amigo suyo de la infancia, del déficit de 369,4 millones de la ciudad (no incluye los 180 millones pendientes con la concesionaria del tranvía).

“Fue el tranvía más barato de toda la Comunidad, 13 millones el kilómetro”, esgrimió Gómez, que según sus cálculos dejó la localidad con una deuda de 36 millones, “la más baja de Madrid”. Esa cifra coincide con la que dejó pendiente con los bancos, pero obvió los 137,5 millones pendientes con acreedores a corto plazo, según la cuenta general del Consistorio en el ejercicio 2008. “Estoy muy orgulloso de mi gestión”, zanjó el secretario general del PSM. Parla es el municipio madrileño de más de 50.000 habitantes y el segundo de España con la mayor deuda per capita (2.941 euros por persona).

Wilfredo Jurado, edil de Urbanismo con Tomás Gómez entre 2003 y 2007, sostiene que todo se hizo con “el visto del Consorcio”, al que señaló como responsable de la modificación de los costes no contemplados inicialmente. Jurado recuerda que la idea original (de Gómez) era conectar el centro de la ciudad con un desarrollo urbanístico de 11.000 viviendas en las que participaba la Comunidad al 55%. Por tanto, según el exedil, el Consorcio entró en el proyecto y es responsable de él. “A otros municipios, como Boadilla o Pozuelo, les financió el metro ligero. A nosotros no por razones políticas. Nos dejaron de lado”.