El Tribunal Superior valenciano juzgará la pieza Fitur de Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano será el encargado de juzgar la primera pieza separada del caso Gürtel, centrada en las adjudicaciones que la Generalitat dio a la trama de Francisco Correa para que montase su pabellón en la feria turística Fitur, y que ascendieron a cerca de cinco millones de euros. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción, que consideró un "fraude de ley" la dimisión de dos diputadas autonómicas del PP, Milagrosa Martínez y Angélica Such, también exconsejeras, al considerar que la renuncia había tenido como finalidad cambiar el tribunal en el que debían ser juzgadas.

Al dejar el escaño, Martínez y Such habían perdido el aforamiento que es la condición que, en principio, determina la competencia del TSJ, por lo que este tribunal había mandado el asunto a la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía recurrió al Alto Tribunal, que ahora zanja la cuestión con una decisión que será aplicable a otros casos similares: la competencia de un tribunal queda determinada por el auto de apertura de juicio oral, y después de ello resulta inamovible aunque, como en este caso, los acusados aforados dejen de serlo.

La decisión, adoptada por el pleno de la Sala Penal del Supremo, acelera el enjuiciamiento de un caso cuya fase de instrucción (investigación) quedó cerrada en diciembre de 2012 y se ha demorado durante dos años a causa principalmente de los recursos presentados por las partes. Según las fuentes judiciales consultadas, la resolución abre la puerta a que el juicio se celebre antes de las elecciones autonómicas y locales previstas para finales de mayo.

El Tribunal Superior de Justicia, donde llegaron a estar imputados una decena de diputados populares, tiene ahora una menor carga de trabajo que hace un par de años debido a la dimisión de casi todos los implicados en causas de corrupción.

En el juicio se sentarán en el banquillo los presuntos cabecillas de la trama, Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Such y Martínez, que fue también presidenta de las Cortes Valencianas y se enfrenta a una petición de pena de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía, y otros empleados públicos, como Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo, que ya fue condenado por aceptar regalos de la red en el llamado caso de los trajes.

La dificultad del debate jurídico llevó al Supremo a elevar la decisión sobre la competencia al pleno de la Sala de lo Penal, donde han intervenido todos los magistrados que la componen. Ello implica que el recurso en sí mismo todavía no se ha resuelto, lo que demorará un tanto la resolución formal. Una vez llegue al TSJ, el tribunal convocará a los abogados y señalará el juicio lo antes posible. Las fechas concretas dependerán de los vistas señaladas con anterioridad que tengan los letrados, sobre todo si afectan a personas en prisión preventiva, cuyos procedimientos tienen prioridad.