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Un exconcejal pidió mordidas para la campaña electoral del PP de Sevilla

Joaquín Peña favoreció a Fitonovo para conseguir contratos del Ayuntamiento

La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla el pasado día 17. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla el pasado día 17.

“Si tú realmente no tienes ningún tema en este contrato, ¿Nos ayudarás para la campaña? ¿No?”. La frase del exconcejal  y exdirector de area sevillano del PP Joaquín Peña al dueño de la empresa Fitonovo José Antonio González, incluida en el sumario del caso Madeja, dibuja una sospecha y un panorama muy claro: en Sevilla la financiación de los partidos gracias a los sobornos apunta al PP tanto como al PSOE e IU.

La diferencia, por ahora, es que los indicios más claros atañen a los socialistas, que al margen de la acusación de la juez Mercedes Alaya de recibir pagos mensuales durante al menos tres años, tienen la losa de las obras de la sede del PSOE en el distrito Macarena, abonadas por Fitonovo, una “organización criminal”, según la magistrada, protagonista de la mayor red de sobornos destapada en Andalucía.

Los abonos señalados por la instructora superan un millón de euros para el PSOE y 155.000 para IU en Sevilla. Sobre esta última formación, el dueño de Fitonovo indicó a Alaya: “Izquierda Unida me pidió estando próximas las elecciones una colaboración económica y accedí, entregándole a cierta persona de IU la cantidad de 70.000 euros en una caja de zapatos. Esa cantidad la decidí yo. No me dijeron ni un número. Accedí a la primera petición”.

Esta financiación ilegal de los partidos, con hitos evidentes como el caso Filesa en el PSOE y la trama Gürtel para el PP nacionales, ha tenido pocos referentes en Andalucía. Sin embargo, el caso Madeja empieza a darle cuerpo. Por ahora de manera tibia, pero la contundencia de Alaya en sus autos deja entrever un futuro con pruebas mucho más sólidas que empresas pantalla que pagan obras a un partido, un listado con las mordidas a destacados cargos de los partidos, o la confesión de un empresario arrepentido.

“Nos ayudarás para la campaña ¿no?”, espetó el exedil al empresario acusado

“Listo, si tú realmente no estás pagando na por esto, no te importará pagarnos a nosotros?”. Hasta su destitución hace un año como alto cargo municipal, el exedil Peña hablaba sin tapujos y maniobró en el Ayuntamiento para favorecer a Fitonovo y que lograra un concurso público tras otro. A cambio, la contraprestación era clara y se traducía en billetes. A los investigadores no les queda duda: “Del contexto de la conversación y por las referencias que durante la misma se hacen al partido, se deduce que cuando se refiere al término campaña, quiere decir campaña electoral”. Sin embargo, el intento de cobrar mordidas para beneficiar supuestamente al PP se truncó porque la Operación Madeja comenzaba a trascender el año pasado y saltaron las alertas.

La charla entre exconcejal y el empresario, realizada “de manera espontánea” según los investigadores, se produjo en mayo de 2013 y fue grabada y almacenada en un teléfono móvil, desde donde la rescataron los agentes.

Al margen de esta supuesta petición de Peña para el PP, la investigación acredita cómo el exedil benefició de manera fraudulenta a la sociedad Albaba, adjudicataria de contratos municipales por más de un millón de euros a pesar de carecer de las autorizaciones legales. Peña “paralizó” la labor de control por parte de la Administración. No solo eso. Tras Albaba los investigadores sitúan a Carlos Alfonso Lozano, “amigo íntimo de Peña durante 20 años”, pero sobre todo un empresario al que describen como “mano derecha del alcalde de Tomares, el senador José Luis Sanz”. El expresidente del PP de Sevilla fue además el número dos de los populares a nivel regional.

Ante la revelación de los oscuros indicios, los tres partidos negaron ayer la mayor y reaccionaron con la habitual coletilla del “y tú más”, sin atisbo de autocrítica. A la espera de más evidencias, las formaciones confían en que no quede acreditado que el dinero fluyó desde los políticos hasta sus propias cuentas bancarias, un rastro siempre difícil de trazar.

El secretario de Organización socialista, Juan Cornejo, defendió que “no ha habido financiación ilegal ni en el PSOE de Andalucía ni en el PSOE de Sevilla”. Por su parte, el PP de Sevilla se desligó “de cualquier actividad” de Peña ajena al ámbito político. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, rechazó la posibilidad de que los sobornos alimentaran las cuentas de la coalición de izquierdas. “Atendiendo a nuestras penurias, dudo mucho que haya existido financiación ilegal”, afirmó.