El juez rechaza que tres exconsejeros eviten el banquillo por el ‘caso Gürtel’

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha rechazado los recursos presentados por tres exconsejeros para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la pieza del caso Gürtel que investiga el presunto y generalizado fraccionamiento de contratos por parte de numerosas consejerías y otros entes de la Generalitat con el objetivo de facilitar su adjudicación a la trama que lideraba Francisco Correa.

Los tres exconsejeros que habían recurrido eran Alicia de Miguel (Bienestar Social), Manuel Cervera y Luis Rosado (ambos de Sanidad) que desempeñaron sus funciones en Gobiernos del expresidente valenciano Francisco Camps.

El magistrado sostiene en el auto con el que ha denegado las peticiones que los contratos fueron troceados "intencionalmente", según los indicios que ha reunido en la investigación, con la finalidad de eludir los principios de publicidad y libre concurrencia de las convocatorias públicas. Al argumento de uno de los recursos de que la práctica de partir un mismo objeto contractual no era extraña en la Administración y no sería suficiente como para considerarlo base de un delito de prevaricación, el magistrado responde que la "persistencia en una ilegalidad no convierte desde luego el acto administrativo en legal".

En la presente investigación, prosigue, "además se da una plural reiteración de los fraccionamientos, una alteración según dicen los testigos de lo que solía hacerse habitualmente concurriendo una especie de desapoderamiento fáctico de sus dunciones, pues solían ocuparse de la selección de las empresas salvo en estas de Orange" Market, que era la filial del grupo empresarial de Correa en Valencia.

Ceres afirma, en el apartado en el que rechaza el recurso presentado por Cervera, exconsejero y exdiputado en el Congreso, que "gran parte del caudal acumulativo indiciario" que obra en el sumario "converge en el recurrente". Cervera, añade el juez, "pudo decidir por sí o aceptar algún tipo de indicación respecto de la irregular participación de Álvaro Pérez [el responsable de Orange Market] en el evento, propiciando o dando lugar a las irregulares contrataciones y sus formas de pago".

La resolución de Ceres rechaza también los recursos del resto de acusados, salvo en el procesamiento de una empleada de la trama, Elisa Jordán, y solo respecto a una de las contrataciones irregulares que se le atribuían.

Entre los recursos había uno de Santo Juan, exjefe de área de la empresa pública Vaersa, en el que se lamentaba que a lo largo de la instrucción no se hubiera llevado a cabo ninguna diligencia para localizar a los "auténticos responsables" de los supuestos favores a las empresas de Correa que fuera capaz de poner de acuerdo a "tantas consejerías".

"Solo alguien por encima de ellas y con autoridad sobre los consejeros, con capacidad política y administrativa para asegurar su influencia a escala funcionarial, era capaz de llevar a cabo tan coordinada actuación, estimando que a la luz del Estatuto de Autonomía, de la Ley del Gobierno valenciano y del propio sentido común solo Presidencia de la Generalitat tiene ese capacidad de influir en sus subordinados", añadía el recurso.

Ceres no acepta la petición que, recuerda, no se solicitó a lo largo de la investigación de los hechos, y agrega que la petición "precisaría venir acompañada de solicitud de concretas diligencias tendentes a su objeto que, sin embargo, no se indican en el recurso".