El Síndic insta al Parlament a llevar al TC el decreto sobre Castor

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido hoy la "desmantelación urgente" de la plataforma Castor y ha instado al Parlament a recurrir al Tribunal Constitucional el real Decreto-Ley que otorga una indemnización 1.351 millones de euros a la concesionaria del almacén de gas del proyecto Castor. Ribó, que ha comparecido ante la comisión del Síndic, ha asegurado que existen estudios "serios" de distintas entidades y universidades que demuestran que la inyección de gas en esa plataforma es "muy peligrosa".

En este sentido, el defensor catalán ha exigido depurar responsabilidades ante la "falta de sentido común y despropósito administrativo" de los últimos meses, en los que asegura que se han producido actuaciones que forman "un muro de opacidad" que "esconde todo lo que ha ocurrido en Castor" y la sociedad "no sabe".

Según ha podido saber el Síndic, las informaciones puntuales en los momentos de inyección de gas "no las conoce nadie, ni los geólogos", lo que no les permite estudiar "el papel de la plataforma Castor en los más de 1.000 sismos que han afectado a las costas de Cataluña y Valencia".

Ribó asegura haber demandado a la defensora del Pueblo que "estudie presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional" y conseguir la suspensión cautelar del decreto, que no prevé ningún análisis de riesgos y consecuencias de los seísmos producidos en la zona. El defensor admite haber sugerido también al Departamento de Territorio y Sostenibilidad la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al decreto y que este valore si Castor "ha afectado severamente al medio ambiente".

El Síndic ha llamado al Gobierno a "priorizar los pagos a los afectados" antes que a las indemnizaciones que recibirán las multimillonarias constructoras

El Gobierno aceptó el pasado día tres en un real Decreto-Ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67 %, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años. Ribó ha recordado que "se ha indemnizado a Escal UGS" pero esta norma "no hace mención a las indemnizaciones y compensaciones a las personas afectadas material y moralmente por esta plataforma".

Bajo estas circunstancias, ha llamado al Gobierno a "priorizar los pagos a los afectados" antes que a las indemnizaciones que recibirán las multimillonarias constructoras. El Síndic se ha referido también al desconocimiento de las condiciones por las que se ha pagado "una cantidad desorbitada" de más de 1.300 millones de euros.

Todos estos motivos han llevado a Ribó a recordar que la sindicatura tiene la obligación de "controlar la buena administración", y ha reconocido que el proyecto Castor es "un caso flagrante de mala administración nunca visto". Por eso ha explicado que se ha dirigido al Gobierno, a la Generalitat, al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y a la Defensora del Pueblo, donde ha recibido respuestas "desiguales".

El Síndic ha puesto de relieve, por encima de todas, la "respuesta de silencio" por parte del Gobierno, pese a las "centenares de quejas" presentadas por la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia por "motivos de seísmos" o de la propia actividad de Castor. El Síndic ha pedido al Defensor del Pueblo Europeo que se dirija a la Comisión Europea para saber si el Estado español ha hecho un "abuso de poder" y ha otorgado con el Decreto-Ley una ayuda de Estado "prohibida y inconstitucional".