Los preferentistas pelean contra las multas por protestar ante la Xunta
Las víctimas de la estafa financiera van a juicio para intentar anular las sanciones
Los juzgados de Pontevedra acogieron este jueves los primeros juicios con los que los afectados por las preferentes de las antiguas cajas gallegas pretenden revocar las multas recibidas masivamente a partir de la mitad del año pasado por protestar contra cargos del PP, a los que recriminaban su tibieza en la búsqueda de soluciones para que los perjudicados recuperasen sus ahorros. Las vistas, más de una treintena y la mayoría por sanciones a partir de 500 euros que sumadas alcanzan los 23.000, se sucederán hasta mediados de 2015.
El primero de los juicios celebrado este jueves afectaba a Miriam Rodríguez, una de las portavoces de la plataforma de Baixo Miño, a la que la Guardia Civil achacaba excesos ante una visita de Alberto Núñez Feijóo. El atestado del agente indicaba que la protesta no había sido comunicada ante la subdelegación del Gobierno y que Rodríguez era una de las “promotoras”, por lo que tocaba pagar, sin más. Por la sala pasaron tres testigos, también preferentistas pero de la plataforma local, que dijeron que no recibieron instrucción alguna. “Era del grupo ese”, apuntó el agente sobre la multada llegado su turno, medio encogiéndose de hombros. Tanto para este caso como para el siguiente el abogado de los afectados protestó por lo que tachó de acusaciones “tácitas”. “En Derecho está prohibido no concretar las imputaciones, gracias a Dios”, opuso a la abogada del Estado, quien alegó que las acusaciones se habían detallado durante el expediente administrativo.
El segundo caso era uno de los múltiples en los que el multado fue Xulio Vicente, portavoz casi omnipresente y látigo del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, a quien abroncó repetidamente durante los plenos provinciales del año pasado. En este caso la multa llegó por “alterar el orden y el normal desarrollo del acto oficial con motivo de la fiesta popular en el teatro de A Estrada” en mayo de 2013, a la que acudió el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez. La manifestación sí había sido comunicado esta vez por la plataforma local, pero el agente de Guardia Civil adujo en la vista que el grupo de Vicente actuó independientemente, lo que causó risa entre el público, todos afectados que acudieron a apoyar a los sancionados.
Ambas vistas se despacharon rápidamente a partir del mediodía, tras una mañana en la que miembros de las plataformas de toda Galicia se desplazaron a Pontevedra, en una reproducción a escala de las grandes manifestaciones que entre 2012 y 2013 se sucedieron por toda la comunidad. Como viejos camaradas, el grupo de jubilados, algo más de 30, llegados de Lugo, O Salnés y Santiago, entre otras comarcas, cambiaron la rabia de aquellos meses por un desprecio irónico, cantando ‘as multas veñen e van’ con la melodía de ‘A Rianxeira’ mientras enarbolaban las pancartas rescatadas de aquellas marchas. Los presentes recordaron que aún quedan unos 200 millones de euros en preferentes de las antiguas cajas de A Coruña y Vigo que sus tenedores no recuperaron.
Los juicios con los que los preferentistas buscan tumbar las sanciones se celebrarán desde ahora hasta junio, incluidos los casos más rocambolescos como el de la octogenaria con andador que supuestamente quiso “alterar la seguridad colectiva” en O Rosal. La Guardia Civil constató en la misma localidad en junio del año pasado un inusual pico en las infracciones viarias por parte de manifestantes que llevaban mal puesto el cinturón de seguridad o tocaban en exceso la bocina de sus coches.
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