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La PAH ocupa una oficina municipal en Sant Andreu por un desalojo

El Ayuntamiento asegura a la familia 15 días de cobijo mientras busca una solución

La Guardia Urbana custodia el centro de Servicios Sociales en Ciutat Meridiana, Barcelona.
La Guardia Urbana custodia el centro de Servicios Sociales en Ciutat Meridiana, Barcelona.albert garcia

Las protestas contra los desahucios se mudan de las sucursales bancarias a los centros sociales del Ayuntamiento de Barcelona. No hace ni un mes un grupo de 40 vecinos de Ciutat Meridiana asaltaron la oficina de los servicios sociales junto al centro cívico Zona Nord y causaron daños en el mobiliario. Los vecinos del distrito de Nou Barris se quejaban de la pasividad del Gobierno municipal de Xavier Trias ante la lacra de los desahucios. Con la misma intención se repetía ayer la imagen. Aunque sin la violencia de la primera protesta, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se encerraron en el Centro de Servicios Sociales de la calle d’en Paixalet, en el distrito de Sant Andreu, para protestar contra el desalojo de Manuela, sexagenaria que malvivía en un local del barrio de Bon Pastor con sus tres nietos y su hijo Adolfo.

Ataviados con sus características camisetas verdes, una veintena de activistas de la PAH entraron ayer por la mañana en el centro social de Sant Andreu. Un cartel en la entrada advertía de que el local estaría cerrado hasta que se consiguiera una solución para Manuela, de 65 años, desalojada del local en el que vivía con sus tres nietos y su hijo en el barrio de Bon Pastor. Los manifestantes pedían al Ayuntamiento de Barcelona “una solución urgente” para Manuela.

La casualidad quiso que Manuela y su familia se quedaran sin techo el pasado jueves 13 de noviembre, el mismo día en que el Ayuntamiento de Barcelona celebraba un pleno extraordinario sobre desahucios. El propio Gobierno municipal, en boca del tercer teniente de alcalde, Antoni Vives, reconocía entonces que no hacía lo “suficiente” contra los desahucios.

Manuela se hace cargo de sus tres nietos, de entre 9 y 14 años, desde que su hija entrara en prisión. Ahora sobreviven con el subsidio de poco más de 400 euros que cobra su hijo, y que en “pocos meses” dejará de percibir. El Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona consiguió que los cinco miembros de la familia se hospedaran cinco días en una pensión. Hasta que el pasado lunes les comunicaron que esa sería su última noche en el centro. Manuela, su hijo y sus tres nietos no tenían techo para pasar la noche de ayer.

Miembros de la PAH aseguraron ayer que no conocieron el problema de Manuela hasta el pasado lunes, pero se quejaban de que el centro social del barrio sí. “No puede ser que en la ciudad hayan 88.000 pisos vacíos, la mayoría propiedad de los bancos, y no haya una respuesta inmediata para familias como la de Manuela”, manifestaron desde la plataforma, que ahora centran sus protestas contra la inacción municipal: “En Barcelona sólo el 1,28% de los pisos son de alquiler social”.

Los manifestantes prepararon víveres para pasar la noche hasta “conseguir una respuesta de Trias”, que llegó pasadas las tres de la tarde. El Ayuntamiento y la PAH llegaban a un acuerdo: Manuela, su hijo y sus nietos tendrán techo garantizado durante un mínimo de 15 días mientras se busca una solución “definitiva” a su situación.

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