España pide a la UE que anule la investigación del déficit valenciano
Bruselas indaga los datos del gasto sanitario declarados oficiales durante años
España ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) un recurso que pide anular la investigación iniciada por Bruselas sobre una posible manipulación de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas. En su recurso, España pide que se "anule la decisión (...) relativa a la apertura de una investigación sobre la manipulación de estadísticas en España", que la Comisión Europea (CE) abrió el pasado julio debido a la declaración de datos inexactos en la Comunidad Valenciana relacionados con el gasto sanitario.
España alega que "no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda", según el texto del recurso interpuesto el 22 de septiembre de 2014 adelantado por Expansión.
"La actuación de las autoridades españolas constituye una revisión explicada clara y adecuadamente de dichos datos", recalcó. Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en 2012, después de descubrir facturas sin notificar en Madrid y la Comunidad Valenciana, lo que llevó a España a elevar en un 0,4% del PIB su déficit correspondiente a 2011.
Eurostat entonces llevó a cabo visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid "podía ser considerado como un ajuste excepcional", mientras que en el de la Comunidad Valenciana, por el contrario, "había razones para preocuparse", explicó la Comisión Europea en julio.
En el recurso, España también alega que "no pueden juzgarse hechos anteriores al 13 de diciembre de 2011, momento en que los hechos de autos no eran susceptibles de sanción", debido a que el reglamento que establece las posibles sanciones dentro del proceso de vigilancia presupuestaria que lleva a cabo Bruselas entró en vigor en ese momento.
"Los únicos datos que podrían ser sancionables son los notificados en abril de 2012. De hecho, el periodo objeto de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012", añadió.
Finalmente, el recurso apunta a que se han vulnerado los derechos de defensa de España, ya que "se ha realizado una investigación encubierta, al margen el procedimiento establecido".
España pide, además de que se anule la apertura de la investigación, que la Comisión Europea asuma las costas del proceso. Esta es la primera vez que la Comisión recurre a sus nuevas competencias, reforzadas en el paquete legislativo conocido como "Six Pack", de supervisión macroeconómica, para investigar las sospechas sobre la manipulación de datos de deuda y déficit en un Estado miembro.
