La Operación Enredadera finaliza con prisión para tres de los 32 detenidos

La juez Mercedes Alaya ha cerrado la Operación Enredadera con tres de los 32 detenidos por la Guardia Civil encarcelados. Se trata de dos directivos de la empresa pública Adif y un alto cargo de la Diputación de Sevilla. La magistrada les acusa —al igual que a una veintena de imputados— de aceptar sobornos pagados supuestamente por la empresa Fitonovo, corazón de una red delictiva establecida en diferentes Administraciones de todo el país como el Ministerio de Fomento, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía.

La magistrada decretó ayer prisión para el directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch Ramos, acusado de recibir una abultada mordida de un millón de euros. Finch podrá eludir la cárcel si paga una fianza de 250.000 euros. Anteriormente la juez había decretado prisión para el directivo de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado, al que supuestamente Fitonovo pagó 418.191 euros en comisiones ilegales entre 2000 y 2011.

El pasado martes Alaya envió a prisión al comercial de Fitonovo Juan Andrés Brugueras, con una fianza para salir en libertad de 180.000 euros, y al que la juez sitúa en el centro de la red de sobornos a las órdenes del dueño de la empresa, Rafael González. Mientras, el exresponsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, abandonó la cárcel tras reunir en solo 12 horas los 100.000 euros de fianza que la instructora le reclamó.

Tras las 32 detenciones que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado martes al desencadenar la Operación Enredadera, ante la juez comparecieron como detenidos 10 acusados.

Entre los seis que han quedado en libertad con cargos figuran el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), y el anterior vocal de IU en la comisión de mercados ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona. El militante de IU está acusado de recibir 155.000 euros en comisiones ilegales, 70.000 de ellos en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011. También han quedado en libertad con cargos trabajadores de Fitonovo y un funcionario de la Junta de Extremadura.

Adif, que desde 2005 ha facturado 17,9 millones con Fitonovo, anunció ayer que se personará en la instrucción judicial como parte perjudicada y que suspenderá temporalmente de empleo y sueldo a los enviados a prisión.

La juez afirma en uno de los cuatro autos de prisión, que la empresa Fitonovo centralizó una “red criminal jerarquizada” que concedió entre 1995 y 2013 dádivas en distintas administraciones públicas para lograr contratos, una práctica habitual de la compañía, y que llegó a sumar 1,8 millones.

Las comisiones se hacían “de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados”, a los que incluso emitían recibos con cargo a la caja B de la compañía, con sede en Sevilla. La juez atribuye esta práctica a “la consecución de contratos públicos” entre 1995 y 2013 en “múltiples áreas geográficas y administraciones públicas”.

“Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, asegura la juez. En el auto de Brugueras, Alaya abunda en la continuidad de los sobornos por parte de la firma sevillana durante una década. “Las comisiones eran una de las estrategias cardinales de la empresa Fitonovo para articular el pago de cohechos y defraudar a la Administración, (algo) que además ha sido una práctica permanente”, señala la magistrada como acusación troncal de su instrucción durante esta semana.