Rus se reserva el control informativo de la cadena que paga la Diputación
Los requisitos exigidos sitúa a una TDT autonómica como principal beneficiaria
La Diputación de Valencia, presidida por Alfonso Rus (PP) mantendrá el control absoluto de la programación televisiva del canal privado que se financie durante 2015 con 3,2 millones de euros en virtud del concurso público que ayer publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a seis meses de las elecciones autonómicas. “La aprobación por la Diputación de la programación es requisito imprescindible”, dice el pliego de condiciones. “Si el contenido de la misma, a juicio de la Diputación, no respondiera al objeto del contrato, aquella podrá no aprobarla, requiriendo de la empresa propuestas alternativas de mejora”, añade.
El contenido requerido, como mínimo un 90% en valenciano, incluye la “emisión de 13 horas diarias de lunes a domingo y debe responder al siguiente esquema mínimo de programación”: espacios de noticias, con conexiones locales; espacios de medioambiente y agricultura de la provincia de Valencia; fiestas locales y vida local; espacio gastronómico; deportes valencianos; el tiempo; series televisivas de temática valenciana; y programación cultural de elementos vertebradores como bandas de música o folclore.
La condición de que el prestador de servicios deberá tener una licencia de TDT autonómica reduce las posibilidades a dos empresas adjudicatarias de la Generalitat, la de TV Mediterráneo, con participación de la Conferencia Episcopal, y Las Provincias TV, del Grupo Vocento, que ha acordado con Beovisión la explotación de la frecuencia. El exiguo plazo para presentar las propuestas, que concluye el 28 de noviembre, los requisitos técnicos y profesionales exigidos y el tipo de programas sitúan como principal favorita a Beovisión. Esta pertenece al grupo Mecomlys, cuyo propietario es Ángel Raga, titular de los conocidos estudios Galaxia, y una de las firmas que lideró el conglomerado ganador de los tres lotes de la externalización de la programación de Canal 9, antes de que la Generalitat echara el cierre.
“Tras el cierre de las emisiones de Canal Nou, se constata la conveniencia de ofrecer a los ciudadanos de la provincia de Valencia un servicio de comunicación audiovisual televisiva”, contempla en su introducción el pliego. También incluye una cláusula de confidencialidad de “toda aquella información a la que tenga acceso [el adjudicatorio] con ocasión del desarrollo de la prestación”. Información personal, administrativa, técnica, informática y de seguridad.
La Generalitat valenciana es ajena a los planes de Rus, alcalde de Xàtiva, según fuentes del Gobierno valenciano, que aún confía en negociar dos horas de desconexiones en La 2, a pesar de las dificultades económicas y de los cambios en TVE, para introducir programación elaborada por la industria audiovisual valenciana.
Las principales asociaciones representativas del sector audiovisual, de hecho, también desconocía los planes de Rus y no salen de su asombro por la iniciativa.
El comité de empresa de la suprimida RTVV, por su parte, anunció que se opondrá a la “creación de una televisión de ámbito provincial destinada a sustituir la antigua RTVV” por considerar que su creación y funcionamiento puede incurrir en diversos supuestos de ilegalidad. Y señalan que el Alfonso Rus, impulsor del proyecto, “es diputado autonómico y como tal votó el cierre de RTVV”. “Rus ha tenido una colaboración necesaria en el cierre de una empresa para participar posteriormente en la apertura de una nueva televisión que tendrá el mismo ámbito de cobertura, el mismo objeto social y que es competencia directa de la que él mismo ha cerrado”, añade el comité.
La ley impide tener un canal al organismo, alerta la oposición
“¿Qué otra Diputación tiene una televisión pública? ¡Ninguna porque es ilegal!”, exclamó ayer el diputado socialista en las Cortes Valencianas Josep Moreno, que advirtió de que la pretensión del presidente de la Corporación provincial de Valencia, Alfonso Rus constituye “un fraude de ley” porque la institución carece de competencias para ello, ya que “la normativa española de servicios públicos de información solo permite la creación de entes estatales, autonómicos o locales”.
El diputado anunció que llevará a la fiscalía el proyecto “porque constituye un claro delito de malversación de fondos públicos”. Moreno recordó que la Diputación puede hacer inserciones publicitarias en medios de comunicación, como los suplementos que publica en algunos diarios, pero no emitir y pagar espacios informativos. “El señor Rus tiene capacidad para contratar un gabinete de prensa de 30 personas o gastar tres millones en publicidad”, señaló Moreno. “Ya nos encargaremos la oposición de pedirle explicaciones, pero lo que no puede es emitir por un canal público-privado espacios informativos análogos a los servicios públicos de información porque es un fraude de ley”.
El parlamentario socialista recordó que la normativa de radiodifusión pública obliga a que existan “entes específicos que permitan tanto el control de los contenidos como el destino de los fondos”. “Rus no puede arrendar espacios a una TDT autonómica de la misma manera que no puede montar una policía provincial”, indicó Moreno.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, habló de la “dudosa legalidad” de la iniciativa y añadió que, en cualquier caso, “no es una solución”. En su opinión, lo que sería sensato es “recuperar RTVV para el pueblo como servicio público”. “Un gobierno sensato negociaría con el sector audiovisual. Tele Rus es un parche”, concluyó.
Para Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, “Fabra planteó una desconexión de TVE que no es viable y que no sustituiría a RTVV. Ahora Rus inventa una televisión pagada con fondos públicos para hacerse la campaña, como los caciques”. El proyecto, añadió, vulnera le ley de supresión de RTVV, “que Rus votó”. “Necesitamos una televisión pública y plural con participación social en su control, no un chiringuito de Rus”, sentenció.
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