El exalcalde de Torrejón de Velasco pidió el indulto del jefe de policía

El exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, hoy imputado en la Operación Púnica, pidió el pasado febrero al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que indultase a su jefe de policía, inhabilitado ocho años por prevaricaricación. De forma continuada, este no hacía llegar a Tráfico multas puestas por sus agentes. “Hay claras razones de utilidad pública y equidad que aconsejarían que se le concediese el indulto”, cerraba el texto de solicitud, acompañado de una lista de nueve condecoraciones y felicitaciones recibidas por el agente, “intachable, respetado y admirado por todos”, según Cubas.

En marzo de 2012 la Audiencia Provincial de Madrid inhabilitó a Francisco Javier Carrascal (Madrid, 1972). “Es evidente que no tramitar denuncias, y en algún caso por tratarse de ‘una persona conocida del servicio’, constituye un atentado contra el principal principio de igualdad, una afrenta para el resto de ciudadanos…”. Después el Supremo ratificó la sentencia.

En la solicitud de indulto a Carrascal, Cubas argumentó: “A pesar del reproche penal que merecía la conducta, es necesario hacer hincapié en que el objeto de la prevaricación no fue otro que la no tramitación de cinco denuncias de tráfico a lo largo de 17 años de servicio, siendo todas de carácter leve”. La mujer del policía y la de Cubas son primas hermanas. La esposa del exalcalde es cooperativista del grupo educativo Alfedel, implicado en Púnica.

En la sentencia de la Audiencia Provincial se habla de 16 multas que pusieron los policías locales (por aparcar en zona de vado, línea amarilla o paso de peatones, o por conducir un coche sin seguro) y que el jefe no hizo llegar a Tráfico. Carrascal guardaba las sanciones en una carpeta y dijo en el juicio “anularlas” —un derecho del que carecía— comentándoselo en alto a sus agentes. Ellos lo negaron. También Carrascal añadía en los márgenes de las hojas diligencias de “anulación” con su firma y un sello municipal que el juzgado no consideró virtualidad falsaria.

Los magistrados no entran en su sentencia a valorar la pérdida de las copias de los boletines de denuncias de los años 2005, 2006 y 2007. Aunque el superior debía custodiarlos, estaban debajo de un mostrador al alcance de cualquiera, “por lo que no se ha acreditado que fuese el acusado quien haya sustraído, destruido u ocultado a sabiendas”.

El caso de Carrascal terminó en los tribunales por la denuncia de uno de los agentes. Por entonces, Cubas era el concejal de Seguridad. El indulto lo apoyaron tres antiguos alcaldes de Torrejón de Velasco —donde operaban nueve empresas de la trama Púnica—, pero no el anterior a Cubas, Miguel Ángel López del Pozo, hoy jefe de la oposición en Parla y regidor los años juzgados.

El Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial, y en marzo de 2012 Carrascal perdió su condición de funcionariorio. Una riada de vecinos —2.665 firmas en un pueblo de 4.100, según Cubas— reclamaron al Consistorio que reclamase el indulto para su agente.

El gabinete jurídico Madrid Sur, presuntamente implicado en Púnica, defiende ahora los intereses del Ayuntamiento en los pleitos económicos que este tiene abiertos con varios agentes. Mientras que Cubas se enfrenta a las acusaciones de organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude.