El PSOE denunció en 2008 ante el juez el amaño de la cabalgata de Valdemoro

El Partido Socialista de Valdemoro denunció en marzo de 2008 ante los tribunales el contrato de la fiesta de cabalgata de ese año. El Ayuntamiento de esta localidad adjudicó el montaje y desarrollo de las carrozas a Waiter Music —una de las empresas supuestamente más implicadas en la trama de la Operación Púnica—, pero las otras dos compañías que competían (Waiter Record y Saranais) eran del mismo dueño, José Luis Huertas Valbuena.

Según la denuncia que presentó la concejal socialista Margarita Peña ante la Fiscalía de Leganés, el concurso fue un apaño, pues se negoció sin publicidad y todo el dinero terminó en las mismas manos. Valdemoro pagó por sus servicios 21.895 euros. Waiter proporcionó cuatro carrozas (tres para los reyes magos y una representativa del Ayuntamiento) con instalación eléctrica e iluminación.

“Fue una subasta restringida en la que el Ayuntamiento solo invitó a Waiter”, recuerda Peña, que ya no es concejal. “Resulta muy raro que ni en Contratación ni en Intervención se dieran cuenta cuando una se llama Waiter Music y la otra Waiter Record. Luego yo rastreé el origen de la tercera, Saranais”. Cada una de las invitaciones municipales al concurso fue respondida por una persona distinta. Ahora se investigan también las facturas por un gran monto de Saranais, también de Huertas Valbuena, —troceadas para no pasar concursos— en concepto de los caramelos de la cabalgata, luces, la carpa de la plaza o el sonido.

Un auto del Juzgado de Instrucción número dos de Valdemoro señaló en febrero de 2013 que en el concurso se presentaban “características de la existencia de una infracción penal”. Aunque su titular, Susana Ruiz, afirmaba que no estaban determinadas “la naturaleza de los hechos, ni tampoco todas las personas que habían intervenido en ellos”. Por ese motivo se abrió una investigación.

Este enero, el mismo juzgado imputó por el caso a Sonia Sánchez, que en 2008 era concejala y delegada de Participación Ciudadana, y en estos momentos está al frente de la Concejalía de Acción Social, Salud y Consumo. Recordando su imputación, los socialistas de Valdemoro pidieron la semana pasada al alcalde en funciones —el elegido, José Carlos Boza, está en la cárcel—, Manuel Salguero, que la cesase. No ha sucedido. Una trabajadora del Ayuntamiento, María Dávila, también está imputada.

El regidor cuando se produjo el contrato de la cabalgata era José Miguel Moreno —en la alcaldía de 2003-2011—, que hoy es diputado autonómico y, por lo tanto, aforado. Ello impide que el político, que llegó al Gobierno municipal con Francisco Granados —supuesta cabeza de la trama púnica— en 1999, sea juzgado en un tribunal ordinario. Su caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no consideró que el exregidor estuviese implicado. “Si era quien firmaba los contratos, ¿cómo no iba a estarlo?”, se pregunta Peña, que está preparando una querella contra el interventor.

El juzgado de Valdemoro ya ha tomado declaración al empresario, las dos imputadas y la política socialista. Ahora están a la espera del juicio oral. “Ahora que ha estallado la Operación Púnica imagino que la juez se inhibirá en favor del juez de la Audiencia Eloy Velasco”. El magistrado sospecha que detrás de muchas de las adjudicaciones de espectáculos musicales otorgados a Waiter Music en diferentes municipios están los oficios de Granados.

Peña denunció también en 2011 la construcción de un hotel y una residencia de ancianos en Valdemoro, pero el juzgado consideró que el caso había prescrito. En ambas ocasiones, todas las ofertas eran de los mismos propietarios. En el primer suceso, estaba el cabecilla de la Púnica, David Marjaliza.

No es este el primer caso donde se descubre algo que la oposición denunció en su día. La semana pasada trascendió que el PSOE de Villalba impugnó el contrato energético con Cofely —otra de las firmas de la trama— y el juez les dio la razón.

El regidor que sucedió a Moreno, José Carlos Boza, está hoy en prisión provisional sin fianza por la Operación Púnica. El que era primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Hernández, también está imputado, y el tercero, Germán Alarcón —cuñado de Boza—, fue apartado, por lo que el cargo de alcalde en funciones lo ostenta Manuel Salgado.