Cofely aumentó en un 70% la factura de luz y gas en Serranillos

El Ayuntamiento de Serranillos del Valle (3.800 habitantes) comenzó 2014 con buenos propósitos. El 2 de enero, la Junta de Gobierno se reunía para aprobar el ajuste presupuestario que exigía el plan de apoyo del Gobierno central a las Administraciones locales. En él se aseguraba que la unificación de los servicios de energía ahorraría a Consistorio unos 40.000 euros al año. Algo se torció, porque cuatro meses más tarde la junta volvía a reunirse, esta vez para aprobar los pliegos de un concurso (ganado en septiembre por Cofely) que incrementaba en 157.000 euros anuales el gasto en electricidad y gas.

El 22 de abril, la Junta de Gobierno —formada por cuatro concejales de la formación Unión Democrática Madrileña (UDMA) y uno del PSOE que ese día se ausentó— aprobó los pliegos del concurso que provocaría que esta localidad entrara en la lista de las tocadas por la Operación Púnica. Con él, el gobierno local pasaba a pagar por los servicios energéticos casi 380.000 euros al año, cuando según el acta de la reunión, el gasto anual era de 221.000 euros. La diferencia de 157.000 euros, que iría destinada a “mantenimiento y conservación”, supera el gasto total anual de 2011 por este concepto, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La empresa francesa Cofely, filial de GDF Suez, se hizo con el contrato de 5,7 millones de euros y una duración de 15 años. Ni rastro del ahorro.

Según las investigaciones judiciales, esta es una de las ramas de la trama Púnica, por la que funcionarios públicos se hicieron con mordidas de entre el 2% y 3% por contratar servicios de Cofely y otras empresas. El alcalde, Antonio Sánchez (UDMA), dimitió el lunes y fue enviado el martes a prisión bajo fianza por tratar de llevarse del Consistorio tres cajas con documentos relativos a su supuesta implicación en la red de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera al regidor “responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar a David Marjaliza” y cree que en el contrato “se alteró la valoración de las ofertas de un concurso público a favor de Cofely”.

En un comunicado del pasado septiembre, el Consistorio defendía la adjudicación arguyendo que supondría un ahorro de energía del 68,9% en el alumbrado y del 14% en los edificios públicos, aunque no hablaba del consiguiente ahorro económico. El Ayuntamiento aseguraba que el 77,84% de las luminarias serían sustituidas por luces LED “al final de la inversión que hará la empresa”. La instalación de 1.310 lámparas LED costaría, según los expertos en eficiencia energética consultados (que prefieren no identificarse), como máximo 200.000 euros, tomando como referente los precios más altos del mercado.

El contrato firmado superó en dos millones el presupuesto anual

La cantidad que figuraba en la licitación supera con mucho el presupuesto total anual del pueblo, estimado por el consistorio en unos 3,5 millones de euros. El gobierno local, formado por cinco concejales de UDMA y una concejala del PSOE (que hace bisagra frente a los cinco ediles del PP), no ha aprobado aún unos presupuestos, y prorroga todavía los de 2011, redactados por el equipo anterior, del PP. El Ayuntamiento planteó en abril generar crédito para hacer frente al contrato, ya que sus presupuestos no contemplaban el gasto. Serranillos tenía una deuda de cinco millones de euros en 2013.

El gasto anual en energía del nuevo contrato sobrepasaba, además, el 10% de los presupuestos anuales, por lo que debía haber sido aprobado por el pleno, pero no fue así. Este órgano renunció a esta capacidad de supervisión en 2011. “En los pueblos pequeños, el pleno suele delegar todo lo que se pueda de acuerdo a la ley, porque si no, no sería operativo”, explica Olga Fernández, portavoz del PP en Serranillos y alcaldesa hasta 2011. El pleno de esta localidad se reúne de manera ordinaria trimestralmente. La última acta colgada en la web del municipio es del pasado julio. Fernández prosigue: “De todas formas, este contrato debería haber pasado por el pleno. También debería haber pasado el Plan de Ajuste, pero tampoco se hizo”.

El viernes se reunirá la corporación para designar a un nuevo alcalde. Belén Cruz, tercera en la lista de la UDMA, ha asumido estas funciones hasta entonces. La oposición asegura que en el orden del día no figura el contrato con Cofely ni una posible rescisión del mismo. “Nadie del Ayuntamiento da la cara. Los vecinos siguen viendo a los empleados de Cofely por aquí”. Este periódico intentó sin éxito obtener la versión del equipo de gobierno.